Javier Guerrero salió ayer a última hora de la tarde del Centro Penitenciario Puerto II después de que el instructor de la causa que le mantenía en
prisión provisional desde enero por presuntos
abusos sexuales a menores migrantes no acompañados aceptara la semana pasada que la eluda con una fianza de 100.000 euros y otras medidas “aseguradoras”. Además, no podrá acercarse a menos de 200 metros de menores extranjeros no acompañados o de cualquier Centro de Protección dentro o fuera de Ceuta.
Al exconsejero de Sanidad ya se le había prohibido en el mismo auto en el que se aceptaba su
salida de la cárcel bajo fianza abandonar territorio español (deberá entregar su pasaporte en el plazo máximo de tres días y no podrá obtener otro). Tendrá que presentarse el 1 y el 15 de cada mes ante el
Juzgado de Instrucción de su domicilio y fijar un teléfono en el que pueda ser localizado inmediatamente.
También está obligado a comunicar todo cambio de domicilio y a indicar una persona para que reciba cualquier tipo de notificación, citación o emplazamiento que se le haga.
Por añadidura, a petición de la Fiscalía el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ceuta acordó ayer imponerle una orden de alejamiento de las personas que tenga conocimiento que son menores extranjeros no acompañados que estén acogidos en Centros de Protección, así como en la calle o en desamparo bajo la tutela de la Ciudad y hayan alcanzado la mayoría de edad.
No podrá intentar comunicarse “por cualquier medio” ni aproximarse a menos de 200 metros de ellos, de su domicilio, de su lugar de trabajo y de cualquier otro donde se encuentren.
Igualmente se le ha vetado acercarse a menos de 200 metros de cualquier Centro de Protección del territorio nacional como muy pronto hasta que la causa en la que figura como investigado tenga sentencia firme.
El magistrado ha librado un oficio a la Policía Local, la Policía Nacional, la Guardia Civil y demás organismos competentes “para que tomen conocimiento de la medida adoptada a los efectos legales pertinentes”.
El magistrado ha valorado para aceptar ahora su salida de la cárcel (la rechazó en marzo, como la Audiencia) que tras diez meses en prisión ha desaparecido el riesgo de destrucción de fuentes de prueba, así como el de reiteración de la conducta delictiva que se le imputa al encontrarse los menores víctimas fuera de la ciudad.
De la misma forma ha entendido que el riesgo de fuga es menor que el que se apreciaba en primavera y ha ponderado que todavía tardará “unos meses” en terminar la instrucción debido al tiempo que está tardando la Guardia Civil en completar el análisis de todos los dispositivos intervenidos al investigado tras su
detención en su domicilio el 11 de enero a primera hora de la mañana.