Con la justicia hemos topado. La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, encargada de investigar qué hubo detrás de la avalancha en Ceuta que ha dejado casi cien muertos, quiere llegar hasta el final.
Y quiere, entre otras cosas, saber si hubo una organización tras la entrada masiva y si las fuerzas de seguridad y el CNI alertaron de lo que podía suceder.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha montado, con su actitud, un particular día de furia en el seno del CNI y en los servicios de información cuya eficacia queda por los suelos.
¿Cómo profesionales encomendados a prever y anticipar lo que puede suceder no vieron el que sin duda es uno de los mayores atentados contra la seguridad en frontera?
La insistencia del ministro en declarar que no avisaron coloca en el punto de mira a sus agentes y jefes, porque no alertar de lo que estaba pasando en Marruecos es de tal envergadura que evidenciaría una ineficacia tal que debería haber motivado ceses de inmediato. Pero nada ha pasado.
La Audiencia Nacional ha pedido a la Guardia Civil un informe sobre su actuación ante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio y que detalle si se recibió alguna información en días previos que pudiera haber alertado sobre lo que iba a ocurrir. También ha hecho lo mismo con la Policía.
Fuentes de los servicios de información de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado consultadas por este medio insisten en que sí se realizaron varios informes.
Como norma, estos recaen en Madrid y en la cúpula de cada cuerpo.
Los agentes del CNP dieron aviso por lo que se estaba moviendo en redes sociales en Marruecos, algo que hacía prever que podría haber una avalancha en la frontera más pronto que tarde.
Incluso días antes del 30 de julio se llegó a advertir de la posibilidad de que el mejor momento para esa entrada masiva podría ser la Fiesta del Trono, lo que finalmente ocurrió.
Sí es cierto que las estimaciones que manejaron apuntaban a que podía repetirse algo similar a la crisis de mayo. Finalmente quienes entraron alcanzaron en número a toda la población de Ceuta.
En el CNI tampoco andaban desencaminados. Entre el 21 y 22 de julio se advirtió de lo que podría pasar y ocurrir, dando fechas coincidentes con la Policía: el día de gloria para Mohamed VI.
De trasfondo estaban conflictos, pequeñas gotas que desbordaron el vaso como los contactos con Argelia, la final del Mundial 2030 y los movimientos masivos de personas hacia el norte.
El 26 de julio este periódico publicaba la gravedad de la situación por las entradas masivas que se iban sucediendo, pero ya el 27 titulaba con que podía ser peor que la crisis de mayo y narraba más de mil intentos de entradas a nado en solo horas.
A esto sumaba la llegada de mucha gente del sur en camiones hacia el norte y el cada vez menor control en los arenales por parte de Marruecos.
Eran algo más que detalles que debieron causar mayor alarma, aunque había quien insistía en comparar esto con cualquier otro verano.
Se estaba ante datos a tener en cuenta que integran una crónica sobre la gravedad de unos hechos que no fueron abortados por la vía diplomática o tenidos en cuenta.
Marlaska se aferra a la máxima que mantiene el Gobierno de España y que ahora quiere esclarecer una jueza. Los agentes a pie de calle insisten en que todo lo que aprecian, temen y sospechan queda recogido en informes a los que se les puede hacer caso o no.
Y en este escenario, la Moncloa ha cesado de forma fulminante a la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) por básicamente contar la versión más acorde a la verdad: publicar la alerta oficial en la que se informaba de la entrada de 49.000 inmigrantes de forma irregular en la ciudad autónoma cuando ni siquiera se daban cifras.
La misma jueza que investiga el primer narcotúnel encontrado en Ceuta deberá arrojar luz sobre un tema gravísimo que debería hacer tambalear a la estructura que esté mintiendo sobre hechos que han dejado casi 100 muertos.
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