La titular del
Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha citado a declarar el miércoles de la próxima semana a Javier Guerrero, que presumiblemente lo hará por videoconferencia una vez detenido y encarcelado investigado por
presunto abuso sexual de menores el viernes de la semana pasada
en Loma Mendizábal, desde donde ha sido
trasladado a la península como en su momento se hizo también con Antonio López. El médico no está llamado por su causa principal, sino por la reabierta a instancias suyas que investiga
supuestas “coacciones” a menores para denunciarle en falso.
Guerrero convocó a algunos medios el 30 de septiembre ante la Jefatura Superior para anunciar que algunos trabajadores del Área de Menores irían pasando por dependencias policiales para acusar a los
responsables de la Ciudad y SAMU
en ‘La Esperanza’ de “prometer” a algunos menores “traslados a la península” a cambio de “que me denuncien”. El exconsejero insistió entonces en negar que el Servicio de Protección a la Infancia le había vetado el acceso a sus centros en enero y que el Ingesa le había expedientado y prohibido hacer regalos como solía a niños bajo tutela de la Ciudad.
La Guardia Civil ya llevaba entonces meses investigándole.
Tres personas formularon denuncias con el mismo hilo argumental
Tal y como había anunciado ante las cámaras, tres personas formularon denuncias con el mismo hilo argumental: un conductor
de Cruz Roja, un vigilante de seguridad y una trabajadora de la bolsa de empleo, todos vinculados de alguna forma con el doctor, apuntaron que responsables del Centro de Realojo Temporal premiaban a los menores si señalaban a Guerrero incluso con traslados a la península. Se trataría de un hecho insólito habida cuenta de los estrictos protocolos que rigen ese tipo de derivaciones, la mayoría de las cuales se realizaron durante 2021 tras la crisis de mayo, mucho antes de que el médico se empezó a presentar como víctima de una “trama” de poderes fácticos.
La Policía Nacional tomó declaración a varios niños que rechazaron la teoría y la jueza concluyó a principios de diciembre que “de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de la causa”.
Al conocer el sobreseimiento Guerrero decidió personarse en la causa y solicitar la práctica de más diligencias.
Uno de los puntos clave del procedimiento pasa por conocer la declaración de un trabajador que primero alertó de comportamientos impropios del exconsejero y posteriormente se retractó en un documento privado. Cuando declare en sede judicial se espera que aclare si cambió o no de versión, con cuál se queda de manera definitiva y qué le llevó, si así fue, a modificar su relato inicial de lo que vio.