Paso fronterizo de Melilla con Marruecos
La Guardia Civil ha desarticulado una organización que se dedicaba a la venta fraudulenta de tarjetas de transporte de mercancías para el denominado comercio atípico entre Melilla y Marruecos en el marco de la operación Calafate, en la que hay cuatro detenidos en Melilla y Valencia, y un total de 77 personas investigadas.
A todos ellos se les imputan los delitos de falsedad documental, cohecho y prevaricación, según ha informado en una nota de prensa la Guardia Civil, que ha realizado cinco registros en viviendas y gestorías en los que se han intervenido teléfonos de alta gama, ordenadores portátiles, diverso material informático en soporte, 11.750 euros y numerosa documentación.
Este grupo delictivo, integrado por ciudadanos españoles y marroquíes, propiciaba la obtención fraudulenta de las tarjetas de transportes de vehículos, documentos que eran utilizados posteriormente en actividades relacionadas con el comercio atípico en Melilla.
El conocido como comercio atípico es el que se realiza entre Melilla y Marruecos a través de los pasos fronterizos terrestres, y en él participan tanto vehículos como porteadores, que transportan la mercancía sobre sus espaldas y la introducen en territorio marroquí, amparados por el vigente régimen fiscal de viajeros.
La Guardia Civil inició en mayo las investigaciones, cuando constató un desproporcionado aumento del flujo de mercancías.
En los últimos tres años, se ha detectado un incremento de 200 a 1.000 vehículos dedicados a esta actividad en paso fronterizo de Barrio Chino, dedicado casi exclusivamente al comercio atípico.
El instituto armado descubrió que un gran número de tarjetas de transporte de mercancías (Mercancías Discrecional Ligero-MDL) habían sido expedidas en la provincia de Valencia, y que las autorizaciones habían sido emitidas de manera fraudulenta por un funcionario del Servicio Territorial de Transportes de Valencia.
La tramitación de las solicitudes corría a cargo de dos gestorías conectadas entre sí, una en Melilla y otra en Valencia.
La organización cobraba a los peticionarios entre 4.000 y 5.000 euros por unas tasas que en la realidad no superan los 50 euros, e inscribía a los solicitantes con un domicilio fiscal falso en Valencia para poder cumplir con los requisitos de la normativa vigente.
Para ello, el grupo utilizaba como vehículos “comodín” los datos y la documentación de cinco furgonetas y camiones matriculados recientemente, procedentes de empresas de alquiler o transporte, ya que, al ser nuevos, podían acortar los tiempos totales de la flota total de vehículos del solicitante.
De esta manera, las solicitudes se tramitaban como “ampliación de la tarjeta de transporte en la modalidad de flota”, que en su conjunto no puede superar la edad media de seis años de antigüedad.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de Melilla ha intervenido numerosa documentación que está siendo analizada.
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