El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha valorado positivamente que la Secretaría de Estado de Seguridad haya aceptado sus recomendaciones y tenga previsto diseñar una estrategia sobre delitos informáticos.
Según el escrito de la citada Secretaría, en el marco de esta estrategia, se estudiarán posibles reformas normativas para mejorar la coordinación policial y judicial y evitar perjuicios a los ciudadanos afectados por este tipo de delitos, tal y como recomendaba el Defensor.
La Institución ha recibido quejas de numerosos ciudadanos a los que, tras ser víctimas de la sustracción de su DNI, se les ha usurpado su identidad para cometer diversos actos delictivos. Estas personas se han visto envueltas en innumerables problemas tanto ante los Tribunales de Justicia como ante los órganos administrativos en los cuales, por ejemplo, aparecen como titulares de vehículos con los que posteriormente se cometen infracciones o delitos contra la seguridad vial.
Es el caso de una ciudadana a la que le robaron el DNI y pese a haber denunciado el hecho en tres ocasiones ante la Policía Nacional, fue imputada en cerca de 30 procesos judiciales por delito de estafa leve por medio de internet, usurpando su identidad.
Esta mujer se vio involucrada en una situación procesal dramática, tuvo que demostrar su inocencia en diferentes puntos de la geografía española y vivir con el temor de que pudieran seguir cometiendo delitos bajo su identidad en cualquier momento. Por ello, llegó a solicitar a las autoridades policiales el cambio de número de su DNI, una solución que no permite la legislación vigente.
Cuando se dirigió a la Institución, todavía no se había localizado al autor del delito y de los procedimientos judiciales iniciados, se habían dictado 13 sentencias absolutorias y dos sobreseimientos provisionales, y en uno de ellos fue condenada. Contra esta sentencia condenatoria, se interpuso recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que fue resuelto en Sentencia de fecha 6 de mayo de 2019, declarando vulnerados sus derechos a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia.
El Defensor expuso este caso a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Fiscalía General del Estado planteando la necesidad de establecer un sistema de comunicación entre los órganos judiciales encargados del enjuiciamiento de estas conductas y las autoridades policiales receptoras de las denuncias para evitar futuros perjuicios a los ciudadanos afectados por este tipo de hechos delictivos.
Así, Fernández Marugán recomendó promover ante el Comité Técnico de la Comisión Nacional de Policía Judicial la unificación de criterios para mejorar la coordinación entre las investigaciones policiales y judiciales e impulsar las reformas legislativas que favorezcan la necesaria coordinación de las investigaciones en esta materia y el menor perjuicio a los ciudadanos afectados por este tipo de hechos delictivos. Ambas recomendaciones han sido aceptadas.
