El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un Real Decreto que engloba, entre otras actuaciones, la propuesta de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de conceder una subvención directa de 4,5 millones de euros a la ciudad autónoma de Ceuta para garantizar la adecuada protección de los menores marroquíes.
La medida se enmarca en el contexto excepcional actual y responde a la necesidad de actuar con urgencia y desde la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas en la protección de los niños, niñas y adolescentes inmigrantes.
Los menores “son considerados sujetos de especial protección en el ordenamiento jurídico español dada su condición de personas menores de edad en situación de desamparo”, indica el Gobierno central.
El Estado tiene, por tanto, “la obligación de garantizar –a través de los sistemas de protección gestionados por las comunidades autónomas– que todos los niños, niñas y adolescentes reciban una protección adecuada, priorizando siempre el principio del interés superior del menor”, concreta.
Estos 4,5 millones de euros permitirán financiar actuaciones clave en materia de protección de las personas menores de edad y buscan garantizar derechos en el ámbito de la vivienda, el acceso a recursos de aprendizaje y la integración sociocultural, asegurando una respuesta eficaz desde el sistema de protección gestionado por las comunidades autónomas.
Estas acciones están alineadas con el artículo 9.2 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas.
La protección de las personas menores de edad es una obligación prioritaria de los poderes públicos, reconocida en el artículo 39 de la Constitución Española y en diversos tratados internacionales. Este compromiso refleja la obligación del Estado de garantizar una atención integral y urgente a los menores migrantes no acompañados, promoviendo su bienestar y derechos fundamentales.
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