El Gobierno de España defiende su gestión en los territorios de Ceuta y Melilla en materia sanitaria tras las conclusiones del Tribunal de Cuentas referidos a los ejercicios 2022 y 2023 para los hospitales gestionados por Ingesa.
Lo hace después de varias preguntas formuladas por los parlamentarios del PP de ambas ciudades autónomas, que ponen de manifiesto la existencia de una “gestión absolutamente irregular” en la compra directa de fármacos.
Los senadores expusieron que, en el caso de Ceuta, el 49% de los medicamentos se adquieren por compra directa, es decir, “a dedo”, habiéndose llegado a pagar fármacos hasta un 400% más caros.
En su respuesta, el Gobierno indica que el Tribunal de Cuentas, en la elaboración de su informe de fiscalización centrada en la gestión de la Farmacia Hospitalaria en los ejercicios 2022 y 2023, ha contado con la activa y absoluta colaboración del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) durante todo el proceso, tanto desde la Dirección General en sus Servicios Centrales como desde las gerencias de las áreas de salud de Ceuta y de Melilla.
Así lo ha hecho, resalta, “facilitando toda la información y documentación requeridas y manteniendo múltiples reuniones al efecto, tanto vía telemática como de forma presencial”.
“De dicho informe se obtienen valiosas conclusiones, se identifican áreas de mejora y, también, notables fortalezas respecto de otros hospitales del Sistema Nacional de Salud”, expone el Gobierno de España en una respuesta parlamentaria fechada hace unas semanas y publicado ya de manera oficial en la web pública de la Cámara.
“En el funcionamiento interno del mercado farmacéutico se dan bajadas de precios o descuentos del proveedor con grandes oscilaciones (entre el 30-98%), con un enorme volumen y variación de descuentos para las aproximadamente 1.300 referencias de fármacos de los que se dispone en los centros hospitalarios de Ceuta y de Melilla”, expone el Gobierno.
“Porotraparte,cabeseñalarque esconstantelaaparición denuevasindicaciones, nuevosgenéricosobiosimilares”, añade.
“La realidad es que el proceso de contratación conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (LCSP), requiere una tramitación que en la mayoría de los casos es lenta con plazos que no se adecúan, por excesivos, a la mucho más urgente necesidad terapéutica, y aunque lo deseable sería alcanzar el 100% de las compras conforme a procedimientos LCSP, es necesario reconocer, desde un punto de vista objetivo, que, debido al volumen de medicamentos que se maneja en un hospital y a la investigación constante que lleva a cabo la industria farmacéutica para desarrollar medicamentos que puedan acrecentar la efectividad de sus principios activos mejorando la salud de los ciudadanos y en pos de reducir los efectos adversos, se producen, inevitablemente, cambios en el consumo intrahospitalario de medicamentos”.
Alude el Gobierno al “particular interés” que reviste en el Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas la indicación de que para un mismo medicamento del mismo proveedor haya varios precios diferentes.
“Cuando un medicamento pierde la exclusividad, el genérico que aparece debe ser, por imperativo legal, un 25% más económico que la marca. Y conforme van apareciendo más genéricos del mismo medicamento, sus precios descienden exponencialmente. Ello justifica, plenamente, el cambio de compra de un medicamento exclusivo por otro genérico, y, por lo tanto, a precios diferentes”, expone.
Por ello, “no solo la variabilidad de precios a un mismo proveedor no ha incrementado costes, sino que, por el contrario, ha producido ahorros enormemente significativos. Y los ahorros en ejercicios posteriores a los de fiscalización (2022-2023) han sido muy superiores”, añade.
Asimismo, el Gobierno de España recalca que debe destacarse la mejora de la gestión de la Farmacia Hospitalaria en los hospitales de las Ciudades Autónomas de Ceuta y de Melilla, así como su buena situación en dicha área respecto de muchos otros hospitales del Sistema Nacional de Salud.
Destaca el Tribunal de Cuentas que el número de expedientes de contratación “sin procedimiento” se ha reducido en Ceuta y Melilla, tendencia positiva que ha continuado posteriormente y persiste en el momento actual.
“Los centros e instituciones sanitarias dependientes del Ingesa son los únicos de todo el Sistema Nacional de Salud que, además de ser objeto de la fiscalización del Tribunal de Cuentas, someten toda su gestión, también, de forma permanente y cotidiana, a la fiscalización previa, en su caso, y el control financiero permanente llevado a cabo por la Intervención General de la Seguridad Social, lo cual refuerza, aún más, sus controles operativos y la exigencia de mejora continua”, puntualiza.
“El Ingesa, sus direcciones territoriales y las gerencias de atención sanitaria de las áreas de salud de Ceuta y de Melilla han analizado todas las conclusiones del Tribunal de Cuentas para incorporar sus sugerencias correctivas y de mejora, que proceden, a corto y medio plazo”.
De hecho, los Acuerdos de Gestión para el ejercicio 2026, firmados en el mes de diciembre de 2025, ya contemplaban medidas que ahora recomienda el Tribunal, tales como el impulso del uso de medicamentos biosimilares, la creación de la Comisión de Farmacia y Terapéutica del Hospital Universitario de Melilla, etc.
“Igualmente, existen aspectos del informe del Tribunal de Cuentas relacionados con la trazabilidad de medicamentos o la obsolescencia de los sistemas, que estarán superados con el traslado al nuevo Hospital Universitario de Melilla (HUME), así como mediante los avances que se están produciendo en la historia clínica electrónica en las áreas de salud de ambas ciudades autónomas”, concluye.
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