Los pensionistas de Ceuta no verán aún el aumento en sus pensiones. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no descarta que la segunda pata de la reforma de pensiones, que aborda el destope de las bases máximas y la pensión máxima y la mejora de la cobertura de las lagunas de cotización para carreras irregulares, supere el plazo inicial que se había comunicado a Bruselas, 31 de diciembre de este año, con el objetivo de que su aprobación se base en un acuerdo con los agentes sociales.
Para el Ministerio, lo importante es que esta segunda parte de la reforma de pensiones sea fruto del acuerdo con sindicatos y empresarios, como lo fue la primera parte de la reforma, en la que se estableció, entre otras medidas, la revalorización anual de las pensiones con el IPC.
Los contactos entre Seguridad Social y los agentes sociales se siguen desarrollando, pero lo cierto es que apenas quedan ocho días para fin de año. Tampoco hay ningún Consejo de Ministros extraordinario en el horizonte, sólo el ordinario del próximo martes, por lo que es muy difícil que la reforma de pensiones se apruebe antes de finalizar el año.
Para ello, haría falta que la negociación se acelerera en los próximos días y se lograra un acuerdo que llevara a convocar un Consejo de Ministros extraordinario, lo cual no figura por ahora en las previsiones de Moncloa.
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, dio ayer por hecho que no habrá reforma de pensiones antes de 2023. La negociación, explicó, va "muy lenta", por lo que "en ningún caso", dijo, acabará antes de que finalice este año. "Le quedan bastantes capítulos a esta negociación", opinó.
Sobre la mesa figura la propuesta que el Gobierno presentó a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme a finales del mes de noviembre. En dicha propuesta inicial, el Ejecutivo planteó a los agentes sociales una ampliación progresiva del periodo de cálculo de la pensión de 25 a 30 años, descartando los dos peores años de cotización, de forma que la pensión pase a calcularse con los mejores 28 años de cotización dentro de un periodo total de 30 años.
En concreto, según la propuesta inicial del Gobierno, el planteamiento del Gobierno es que el periodo de cálculo se vaya ampliando en cinco meses cada año del periodo 2027-2038, pudiendo escoger el trabajador los tres meses más favorables a su cotización y descartar dos.
A los sindicatos no les gustó nada esta propuesta, no sólo porque acaba de finalizar la ampliación anterior, que situó el periodo de cálculo en 25 años, sino porque no cuenta con respaldo político suficiente, ni dentro del Parlamento, ni dentro del propio Ejecutivo de coalición.
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