EFE
El Gobierno ha aprobado una nueva prórroga del “escudo social” que garantiza la protección de las familias vulnerables, también de Ceuta, frente a los desahucios y los cortes de suministros básicos.
La medida, acordada este martes en Consejo de Ministros, extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión de los lanzamientos por impago de alquiler y la prohibición de cortar la luz, el agua o el gas a los hogares sin recursos.
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, explicó que esta decisión “reafirma el compromiso del Ejecutivo con quienes más lo necesitan” y forma parte del nuevo real decreto ley de medidas sociales y económicas aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025.
“El Gobierno trabaja con ese aval para prorrogar esas medidas y seguir contando con los consensos necesarios para ello”, aseguró Saiz, confiada en que el decreto será convalidado en el Congreso a finales de enero.
La suspensión de los desahucios por impago de alquiler se implantó por primera vez en marzo de 2020, durante la pandemia, con el objetivo de proteger a las familias más golpeadas por la crisis económica.
Desde entonces, la medida se ha prorrogado de forma continuada, adaptándose a nuevos contextos de emergencia como la guerra en Ucrania o la escalada de precios de la energía.
Según los datos del Ejecutivo, más de 60.000 familias se han beneficiado de esta moratoria a lo largo de los últimos años. Además, los propietarios afectados continúan recibiendo compensaciones económicas, incluidas en el decreto para equilibrar la medida.
Esta última prórroga ha contado con el apoyo de Podemos, Sumar, ERC, EH Bildu y varias organizaciones sociales, como el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESC). Desde esta entidad han pedido al Gobierno que aproveche el tiempo adicional para “diseñar un plan de choque que asegure el mantenimiento en la vivienda o un realojo digno” de todas las familias vulnerables que aún enfrentan desahucios pendientes.
El decreto también mantiene hasta 2026 la garantía de suministro de energía eléctrica, gas y agua para los consumidores vulnerables, impidiendo que las compañías puedan cortar estos servicios por impago.
Se mantienen los descuentos del bono social eléctrico, fijados en un 42,5 % para los consumidores vulnerables y en un 57,5 % para los vulnerables severos, que seguirán aplicándose hasta el final del periodo de prórroga.
Junto a estas medidas, el Ejecutivo ha decidido extender los incentivos fiscales en materia energética y de transición ecológica, que incluyen deducciones en el IRPF para la compra de vehículos eléctricos, la instalación de puntos de recarga y las obras de eficiencia energética en viviendas y edificios.
El “escudo social” también contempla nuevas exenciones fiscales y la prórroga de las ayudas para los afectados por la DANA y los incendios forestales del pasado verano.
Entre las medidas destacan la exención del IRPF para las indemnizaciones por daños personales, así como las deducciones para profesionales y empresas que operan en las zonas afectadas. El objetivo, según el Gobierno, es favorecer la reconstrucción y la recuperación económica de los municipios que sufrieron estas emergencias.
Además, el paquete incluye ventajas fiscales para autónomos y pequeñas empresas, con el fin de paliar los efectos de la inflación y del encarecimiento de los suministros.
Elma Saiz subrayó que este conjunto de medidas responde al “compromiso inquebrantable del Gobierno con la protección de las familias y la cohesión social”. Según la ministra, el escudo social “ha demostrado ser una herramienta eficaz para amortiguar los impactos económicos de las crisis recientes y evitar que nadie quede atrás”.
El Ejecutivo confía en contar con una mayoría parlamentaria suficiente para su convalidación en el Congreso a finales de enero, lo que garantizaría la continuidad de estas políticas hasta 2026.
Con esta prórroga, España prolonga una red de protección que nació en los peores momentos de la pandemia y que, cinco años después, sigue siendo un pilar central del Estado del Bienestar.
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