El líder de los ugetistas ceutíes dice que ha solicitado la sentencia y que aún no se la han facilitado
El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Antonio Gil, ha enviado una carta al presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y otra al de la Autoridad Portuaria, José Torrado, para preguntarles por las razones que están “impidiendo” la implantación de la Planta de Biocombustible a cargo de la empresa Biocarburantes del Estrecho.
“Una vez conocidas las aportaciones de este proyecto para nuestra ciudad, entre ellas 70 millones de euros, 100 empleos directos, movimiento de 50.000 toneladas anuales en entradas y salidas de mercancías, incremento en un 20 por ciento de los ingresos portuarios, etc., todavía cuesta aún más creer que Ceuta y sus autoridades no hayan facilitado la puesta en marcha de este proyecto en unos terrenos ganados por concurso público en el año 2007 que, en definitiva, pretende ayudar a la economía de la ciudad a través de la construcción y funcionamiento de una planta de biocombustible”, recoge la carta a la que ha tenido acceso este medio.
El líder ugetista añade que desde su organización no salen de la “indignación al conocer los motivos que se están argumentando para levantar barreras en los trámites de desarrollo del proyecto, por ejemplo, que la institución que usted dirige –la Ciudad–deniegue la licencia medioambiental para implantarse a menos de 2 kilómetros del núcleo urbano, cuando al mismo tiempo contemplamos con estupor que no solo existen hoy día numerosas instalaciones de la misma naturaleza al margen de esta norma, sino que además hemos conocido que esos mismos terrenos de Biocarburantes del Estrecho podrían ser el futuro para los depósitos de combustible de CEPSA”.
El sindicalista continúa diciendo que le preocupa además porque “se ha detectado que las instituciones, garantes del interés público, ha cometido irregularidades en la tramitación que podrían acarrear peores consecuencias, a tenor de las primeras sentencias de los tribunales de justicia, que no han querido profundizar aún más en el fondo del asunto ante la envergadura de las actuaciones que han encontrado. Es inquietante conocer qué podría suponer para las arcas públicas hacer frente al desembolso de una indemnización como la de 200 millones de euros que va a solicitar la empresa por los perjuicios de las equivocadas decisiones que están adoptando”.
En esta línea, hizo saber tanto a Vivas como a Torrado que este proyecto supone una “oportunidad extraordinaria” para la inversión y el empleo, por lo que solicita que cuente con el apoyo de la Administración.
Gil manifestó en declaraciones a este medio que ha solicitado la sentencia que anula la denegación de la licencia para la instalación de la planta y que aún no la ha recibido.
