El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó ayer decretar prisión provisional o medidas cautelares respecto a Brahim Ghali tras escuchar al líder del Polisario declarar por videoconferencia desde el hospital de Logroño. El magistrado entiende que la acusación que le imputa torturas y genocidio no ha suministrado elementos siquiera indiciarios (las declaraciones de los testigos en la causa no tienen prueba corroborativa y de ellas no se sigue una participación en los hechos del investigado) que avalen la existencia de motivos bastantes para creerle responsable de delito alguno; no bastando, por obvio, para acordar medidas cautelares personales que entró en España ilícitamente”.
La resolución judicial sobre la situación de Ghali en España, que se suponía clave para la evolución de la crisis diplomática entre ambos países que estalló con la avalancha de migrantes consentida por Marruecos hace dos semanas, le deja con la única obligación de aportar un domicilio y un teléfono en España “a fin de estar localizado”.
Ghali terminó siendo expulsado de la Policía Territorial por su activismo saharaui
Paradójicamente, Ghali ya estuvo hace décadas, con el dictador Franco todavía como jefe del Estado, bajo la lupa de las autoridades de nuestro país aunque sirvió en la Policía Territorial española del Sahara.
Su llegada a La Rioja para ser tratado de la COVID-19, la gota que supuestamente colmó el vaso de la paciencia de Marruecos, que le considera uno de sus enemigos públicos número 1, ha sacado a la luz la ficha que los servicios secretos españoles le hicieron en los setenta como miembro “del comité diplomático del Frente Polisario”.
Nacido en septiembre de 1949 en Smara, en 1960 se unió a la Policía Territorial del Sahara, creada ese mismo año (se disolvió en febrero de 1976) con dependencia directa del Gobernador General del Territorio con la misión de cuidar del orden público, la vigilancia de fronteras, la investigación e información, la persecución de delitos, la protección de personas y propiedades y en general el velar por el cumplimiento de las Leyes. Su activismo terminó con su expulsión de la misma.
Con unos 1.200 efectivos, una parte de los mismos eran indígenas con la consideración de Tropa Profesional y parte provenía de Reemplazo. Se les conocía como Agentes de Policía y a los suboficiales y cabos como Instructores de Policía, salvo el cabo profesional de Tráfico en El Aaiun.
En ese Cuerpo sirvieron, entre otros, el coronel de Infantería y antiguo Caballero Legionario Gregorio Pérez Sandino, que falleció en la ciudad autónoma a finales del año pasado y que ejerció como capitán de la Policía Territorial, o Antonio Toledo Gallego.
