La Consejería de Servicios Sociales ha terminado el borrador de Reglamento con el que aspira a ordenar el acceso y adjudicación de las plazas residenciales para personas mayores casi ocho años después de que su necesidad se debatiese por primera vez en el Pleno.
Aunque no se ha avanzado en ese desafío con mucha celeridad, la elaboración de la norma debe ser valorada como una buena noticia si viene, como pretende, a dotar “de claridad, objetividad y eficacia al procedimiento” y a “ahondar en todos aquellos aspectos que la experiencia ha mostrado como fundamentales para la consecución de una mejor calidad” de la población de edad más avanzada.
Las plazas residenciales públicas o concertadas son una prestación esencial básica cuya gestión debe regirse por los principios de claridad y transparencia para atender de la forma más justa posible a esos sectores o grupos concretos que, en función de sus necesidades, requieren un tratamiento especializado y unos cuidados singulares por parte de las instituciones como garantes de los principios de solidaridad y bienestar.
El conjunto de grupos políticos de la Asamblea debe ahora recoger el guante y colaborar con sus aportaciones a la mejora en o que sea posible del texto elaborado por el Ejecutivo para que la norma goce del mayor respaldo posible en su aprobación y parta con la mayor legitimidad política posible para su entrada en vigor y aplicación en la gestión de plazas y demanda.