La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales se encuentra inmersa en la gestión de un total de 54 plazas residenciales para personas mayores en régimen de atención integral, un servicio que tendrá una duración de tres años, a partir del 29 de junio, y que pretende garantizar una asistencia continuada, especializada e individualizada a los usuarios que sean derivados por la Administración autonómica.
La contratación responde a la necesidad de mantener una red estable de atención residencial para personas mayores de 65 años con derecho reconocido a este recurso, estableciendo un marco de funcionamiento detallado tanto para la gestión administrativa de las plazas como para la organización interna del centro y la prestación de los distintos servicios asistenciales.
Uno de los aspectos que desarrolla con mayor detalle el pliego es el procedimiento de ocupación y reserva de las plazas residenciales, cuya asignación corresponderá exclusivamente a la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.
Será este departamento quien determine qué personas accederán al recurso residencial, remitiendo al centro la correspondiente relación de beneficiarios cada vez que se produzca una vacante.
El documento distingue entre plazas ocupadas y plazas reservadas. Las primeras serán aquellas en las que el usuario haya formalizado su ingreso efectivo en la residencia.
Las segundas corresponderán a situaciones temporales en las que el residente, pese a mantener el derecho sobre la plaza, permanezca fuera del centro por motivos justificados, como hospitalizaciones, permisos, vacaciones o durante el plazo establecido para incorporarse tras la adjudicación.
Con este sistema, la Administración pretende garantizar la continuidad asistencial de las personas mayores y evitar que una ausencia temporal suponga la pérdida automática del recurso residencial, asegurando al mismo tiempo una gestión eficiente de las plazas disponibles.
El procedimiento también regula de forma precisa el acceso de los nuevos residentes. Una vez comunicada la disponibilidad de una plaza, la persona beneficiaria dispondrá de un plazo máximo de quince días naturales para incorporarse al centro, salvo que exista una causa suficientemente justificada que impida hacerlo.
Durante ese período, la residencia percibirá únicamente el 50 por ciento del importe correspondiente, al considerarse que la plaza permanece reservada y no ocupada. Si finalmente el ingreso se produce dentro del plazo previsto, el contrato pasará a abonarse como plaza efectivamente ocupada desde el momento de la incorporación.
Por el contrario, cuando la persona beneficiaria no llegue a ingresar en la residencia, la Administración no abonará cantidad alguna por la reserva. Del mismo modo, si alguna de las 54 plazas permanece vacante por ausencia de candidatos designados por la Consejería, el centro no podrá facturar importe alguno durante ese tiempo, reforzando así el principio de pago exclusivamente por servicio efectivamente prestado.
La empresa que resulte adjudicataria estará obligada a aceptar las personas usuarias designadas por la Administración, sin posibilidad de seleccionar a los residentes según criterios propios. Únicamente podrá manifestar discrepancias cuando considere que una persona no reúne el perfil adecuado para el tipo de plaza contratada.
En esos supuestos, la empresa deberá elaborar un informe técnico motivado una vez concluido el período inicial de adaptación y observación, remitiéndolo a la Consejería para que sea este órgano quien adopte la decisión definitiva. La resolución administrativa tendrá carácter vinculante, por lo que deberá ser acatada por la entidad gestora.
Además, cualquier incidencia relacionada con altas, bajas, incorporaciones o modificaciones de la situación de los usuarios deberá comunicarse a la Administración en un plazo máximo de tres días, garantizando así un control permanente sobre la ocupación real del servicio.
El pliego subraya que la atención personal deberá desarrollarse en unas condiciones lo más parecidas posible a un entorno familiar, favoreciendo el bienestar emocional y físico de cada usuario. La residencia deberá convertirse en un espacio donde las personas mayores reciban apoyo permanente sin perder su dignidad, privacidad ni capacidad de decisión dentro de sus posibilidades.
El servicio de alojamiento comprende la permanencia permanente en el centro durante las veinticuatro horas, mientras que la manutención deberá garantizar una alimentación equilibrada y adaptada a las necesidades individuales de cada residente.
A ello se suma el servicio de lavandería, que abarcará tanto la ropa personal como la lencería de cama, manteles y demás textiles utilizados en las instalaciones, así como todos los cuidados personales y funciones convivenciales necesarias para asegurar el bienestar físico y psicológico de los usuarios.
Uno de los aspectos que mayor relevancia adquiere en el pliego es el referido a la atención sanitaria, especialmente dirigida a personas con un importante grado de dependencia o con patologías que requieren vigilancia continuada.
El centro deberá disponer de los recursos necesarios para atender a residentes con deterioro físico o cognitivo severo, ofreciendo asistencia médica, cuidados de enfermería permanentes, atención psicológica, fisioterapia periódica y seguimiento clínico continuado.
Cuando las necesidades asistenciales superen la capacidad del propio centro, los residentes serán derivados a la red sanitaria pública, siguiendo los protocolos establecidos, manteniendo la coordinación con los servicios hospitalarios y las unidades de salud mental cuando resulte necesario.
La residencia también deberá desarrollar programas específicos destinados a favorecer la rehabilitación, la promoción de la autonomía y la integración social de las personas mayores, evitando situaciones de aislamiento y fomentando una participación activa en la vida cotidiana.
Entre las actuaciones previstas figuran programas de estimulación cognitiva, entrenamiento en habilidades sociales, mejora de la comunicación, aprendizaje de hábitos saludables y apoyo para mantener el mayor grado posible de independencia funcional.
El pliego concede además una importancia especial a la orientación familiar, contemplando actuaciones dirigidas a informar y asesorar a familiares y tutores sobre recursos sociales, adaptación del entorno doméstico, ayudas técnicas y cualquier medida que facilite la atención de las personas mayores fuera del ámbito residencial.
Dentro del modelo asistencial adquiere un papel destacado la terapia ocupacional, concebida como una herramienta para estimular capacidades físicas, cognitivas y psicomotrices mediante actividades adaptadas a las posibilidades de cada residente.
Las actuaciones deberán favorecer la coordinación, la creatividad, la percepción, la destreza manual, la responsabilidad y la autoestima, evitando que las tareas se conviertan en una obligación o en un objetivo competitivo. Lo importante será el proceso terapéutico y no el resultado final de cada actividad.
El pliego incorpora igualmente programas de ocio, cultura y participación comunitaria, destinados a prevenir el deterioro emocional y fomentar las relaciones sociales mediante actividades culturales, talleres, encuentros intergeneracionales, salidas al exterior y acciones que permitan mantener el vínculo con la comunidad.
La limpieza de todas las dependencias del centro constituye otra de las obligaciones expresamente recogidas en el contrato. La empresa adjudicataria deberá aplicar procedimientos específicos de desinfección e higiene, utilizando productos, métodos y frecuencias adaptadas a cada espacio de la residencia.
El objetivo será reducir los riesgos de contaminación y garantizar unas condiciones ambientales adecuadas para personas especialmente vulnerables por su edad o estado de salud.
Estas actuaciones deberán desarrollarse de manera permanente tanto en habitaciones como en zonas comunes, comedores, cocinas, baños y restantes dependencias del edificio.
La asistencia diaria se organizará mediante protocolos individualizados que permitan a cada residente mantener unas condiciones adecuadas de bienestar, comodidad y autonomía, adaptándose a sus necesidades concretas.
El personal deberá realizar diariamente la higiene corporal completa, utilizando las ayudas técnicas necesarias en cada caso, ya sea mediante ducha, baño asistido, camilla o higiene en cama, preservando siempre la intimidad de la persona usuaria y vigilando el estado de su piel para detectar posibles incidencias.
El pliego también establece la obligación de realizar cambios de pañal siempre que sean necesarios, higiene bucodental tras las comidas, cuidado del cabello, hidratación de la piel mediante cremas corporales y cuantos cuidados personales requiera cada residente para mantener unas adecuadas condiciones de salud e imagen personal.
La alimentación constituye otro de los pilares del modelo asistencial diseñado por la Consejería. Todos los menús deberán estar elaborados y supervisados por profesionales sanitarios, garantizando el equilibrio nutricional y la adecuación a las patologías o necesidades específicas de cada usuario.
Las personas residentes recibirán cuatro comidas diarias (desayuno, almuerzo, merienda y cena) pudiendo incorporarse refuerzos dietéticos cuando exista prescripción médica, como ocurre en el caso de personas diabéticas u otras situaciones clínicas que así lo requieran.
El pliego obliga a mantener una amplia variedad de dietas (normal, diabética, hipocalórica, hiposódica, triturada, semitriturada o astringente, entre otras), así como una planificación de menús rotatorios de al menos cuatro semanas, registrados documentalmente y disponibles para consulta de familiares cuando estos lo soliciten.
En conjunto, el pliego configura un modelo residencial donde la calidad asistencial, la seguridad de los usuarios y la atención personalizada constituyen los ejes fundamentales del futuro contrato.
La empresa adjudicataria no solo asumirá la gestión de las 54 plazas residenciales, sino que deberá responder a un amplio conjunto de obligaciones organizativas, sanitarias, sociales y técnicas que convierten el servicio en un recurso de atención continuada para personas mayores en situación de dependencia.
Con esta contratación, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales busca consolidar un sistema residencial que combine la cobertura de las necesidades básicas con una atención especializada, orientada a preservar la autonomía, la dignidad y el bienestar de las personas mayores durante toda su estancia en el centro.
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