El
delegado del Gobierno en Ceuta, Rafael García, ha evitado este miércoles entrar en confrontación con la
Ciudad Autónoma y hacer suya la reivindicación de CCOO de que la administración local contrate más vigilantes de seguridad privada para la frontera en 2023, cuando
según el sindicato su número se recortará de los 40 actuales a solamente 24. Según la central, con los 3,2 millones que recibe el Ejecutivo local del Estado para sufragar parte de los costes del “hecho fronterizo” debería incorporar más personal de ese tipo, pero el titular de la institución de la plaza de los Reyes no lo ha dado tan por hecho. “Hay que ser muy claro: el Gobierno de la Nación tiende la mano y hay un convenio de 2018 publicado en el que el Estado se compromete a aportar 3,2 millones y la Ciudad a complementar... El Estado siempre va a tener abierta la mano con el tema de la
frontera”, ha apuntado sin entrar en más detalles. A preguntas de los periodistas, ha insistido en que “el convenio sigue en vigor, está publicado y es el marco en el que estamos, que está muy claro y es lo que tenemos... No puedo dar explicaciones sobre por qué se ha reducido el número de vigilantes”, ha hilvanado. En realidad el convenio de 2018 ya está bastante desactualizado. En el suscrito en 2021 su cuantía ya se elevó a 4,6 millones, de los que solamente 275.000 euros se endosan en el apartado de actividades a subvencionar como “actuaciones referentes a la seguridad privada en el paso fronterizo”, en concreto para la “prestación del servicio de vigilancia en el paso fronterizo e instalaciones aledañas, sustentado en el contrato formalizado por Amgevicesa”. La mayor parte del convenio debe dedicarse a “actuaciones diversas en materia de servicios sociales, menores y familia” (un millón) y a trabajos “referentes a la recogida de residuos y limpieza en el área fronteriza (2,8 millones).