La dirección de la Guardia Civil ha resuelto interrumpir de forma inmediata el otorgamiento de periodos de descanso, autorizaciones y licencias para todos los efectivos destinados en las comandancias de Ceuta y Melilla.
Se trata de un movimiento operativo forma parte de un paquete de disposiciones de carácter excepcional y transitorio diseñadas para robustecer la vigilancia en ambas localizaciones estratégicas.
La resolución se adopta como consecuencia directa del fuerte repunte en la actividad migratoria, el cual alcanzó niveles críticos recientemente con la entrada irregular de miles de personas procedentes de territorio marroquí a finales del mes pasado.
Dadas las complejas condiciones de seguridad actuales, el cuerpo considera imprescindible esta medida para garantizar que los servicios públicos cuenten con la dotación humana necesaria.
No obstante, se ha dejado claro que esta restricción no afectará a aquellos descansos o licencias que ya hubieran sido autorizados previamente a la publicación de la orden oficial, respetando así los derechos ya consolidados antes de la emergencia.
Hay que recordar también que el Ministerio de Defensa ha tomado la decisión de suspender todos los permisos de descanso para el personal militar destinado en Ceuta.
Esta medida responde a las alertas recibidas sobre un posible nuevo intento de entrada masiva de personas desde Marruecos, lo que obliga a mantener a las unidades en estado de operatividad.
La instrucción, que se mantendrá vigente hasta nueva orden, fue comunicada oficialmente por la Comandancia General de Ceuta el pasado domingo.
Por su parte, las asociaciones de la Guardia Civil han manifestado su coincidencia con el diagnóstico de gravedad de la situación, aunque rechazan la solución propuesta por Interior.
En este sentido, denuncian que la orden no incorpora nuevos agentes a las ciudades, sino que se limita a "exprimir la disponibilidad" de una plantilla que ya se encuentra totalmente desbordada por los acontecimientos.
El hecho de suspender los derechos laborales de dos unidades completas supone, para los denunciantes, admitir "negro sobre blanco" que existe un problema de seguridad pública de primer orden en la zona.
Los colectivos exigen que estas medidas excepcionales tengan un plazo temporal definido con revisiones cada quince días para evaluar su necesidad. Asimismo, reclaman que el personal no pierda ninguno de los días de descanso suspendidos y que la realización de servicios extraordinarios se vea reflejada en una compensación económica seria y justa, acorde al esfuerzo realizado.
Por otro lado, la Conferencia Española de Policía (CEP) ha criticado con dureza la gestión del ministro Fernando Grande-Marlaska, acusando a su departamento de falta de firmeza y determinación.
Califican de "testimonial" el refuerzo de personal enviado a las áreas de extranjería, considerando que la asignación es claramente insuficiente para afrontar la avalancha de trabajo actual y prevenir futuros incidentes.
Según la CEP, el envío de tan solo seis funcionarios de la Comisión General de Extranjería resulta "ridículo" para tramitar los cientos de expedientes vinculados a la Ley de Extranjería.
Finalmente, la organización insta a una reforma legislativa profunda basada en el principio de blindaje fronterizo. Aseguran que lo vivido recientemente demuestra que la normativa vigente requiere cambios urgentes para garantizar la integridad de las fronteras españolas frente a futuros desafíos migratorios masivos.
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