Que el Ministerio de Interior hable ahora de trabajar para blindar jurídicamente el trabajo de los agentes de la Guardia Civil es algo que no deja de sorprender.
¿Es que antes no estaba garantizada esa protección? Sabemos que no, pero el implícito reconocimiento oficial escuece. Y sabemos que no porque son muchos los guardias civiles que se han visto sometidos a acusaciones judiciales derivadas de sus actuaciones en la frontera. No hay que recordar la negra etapa que tuvo que soportar el Servicio Marítimo por llevar a cabo devoluciones ordenadas por sus superiores que, a su vez, cumplían las directrices políticas. Sobre la mesa está la tensión que padecen quienes prestan servicio en la frontera sur que la UE ha decidido tener abandonada. Se les obliga a blindar el paso, a frenar los intentos de entrada de gente desesperada para, después, sin medios y arrojados a una soledad, se vean no solo atacados y cuestionados por partidos políticos o entidades de otro tipo, sino por la propia Europa que desatiende de forma vergonzosa el control que luego exige.
Interior, por boca de su ministro, confirma su apoyo a la Benemérita y deja en manos de un grupo de trabajo la gestión para blindar jurídicamente las actuaciones de sus guardias. Está bien que se acuerde lo que ya debía existir, sobre todo cuando, tras el 6-F, hemos asistido a un sinfín de vendettas de corte político que tenían por objetivo buscar cabezas en el seno del Instituto Armado por la tragedia, evitando así que las direcciones políticas del propio Cuerpo se vieran afectadas.
La Guardia Civil necesita hechos y menos promesas. Ya no solo protección en la frontera, sino también en el puerto, en donde la evidente falta de efectivos se ha materializado en un imposible control sobre los pasadores de hachís lo que ha degenerado en la apertura de expedientes por fallos en las actuaciones cuya responsabilidad ha sido, de nuevo, el abandono en recursos.
