Algunas actuaciones destacadas en 2021 en Ceuta,
Melilla o Canarias han sido expuestas este martes por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones del Senado ante la cual presenta el
Informe Anual 2021 de la institución que se dio a conocer hace apenas dos semanas. Gabilondo ha abordado temas diversos pero, entre ellos, también cuestiones relativas a migración. En este punto concretamente lo que el Defensor ha pedido al Senado es un refuerzo para mejorar el sistema de acogida, la detección de las personas con necesidades de protección internacional o posibles víctimas de trata, así como "mejorar la protección de los
menores extranjeros no acompañados". Se trata de una cuestión que Gabilondo tiene permanentemente en cuenta, tal y como se ha evidenciado también en intervenciones anteriores donde, como este martes, ha compartido públicamente sucesos y situaciones como las ocurridas durante la crisis de mayo de 2021 en Ceuta con la
entrada masiva desde
Marruecos de miles de personas, muchos de ellos menores. Sobre otras cuestiones, el Defensor del Pueblo ha informado sobre la tramitación en 2021 de 29.401 expedientes, entre quejas, investigaciones de oficio y solicitudes de interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo. Además, ha formulado 2.231 resoluciones a las diferentes administraciones. Y fueron atendidas 33.708 personas, la mayoría telefónicamente. Ángel Gabilondo, que ha acudido al Senado junto a las dos adjuntas de la Institución -Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena- ha señalado que la Institución no solo busca soluciones individuales, sino que intenta extraer consecuencias de carácter general que puedan beneficiar a toda la ciudadanía. “El trabajo que realizamos desde la institución Defensor del Pueblo es muchas veces solo un paso, que deseamos clave, en una tarea más amplia, pues esta Institución no está llamada a zanjar directamente los problemas que se le plantean, pero aspira siempre a ser un agente eficaz en los intentos de solución y en su adecuado planteamiento”, ha apuntado. Asimismo, el Defensor del Pueblo, ha manifestado que los informes anuales son un instrumento privilegiado que permiten conocer los problemas que los ciudadanos y ciudadanas plantean y las carencias en la actuación de los poderes públicos. En esta línea, Gabilondo ha destacado que las personas que se dirigen con sus quejas al Defensor tienen que saber “que no están solas, que hay caminos y que, además, esta Institución las escucha y atiende” y que traslada sus quejas a los poderes públicos para que se adopten las medidas oportunas para su solución. Durante su intervención, el Defensor del Pueblo, que ha recordado que las tareas y actuaciones del informe presentado corresponden casi en su totalidad al periodo de Francisco Fernández Marugán, ha dicho que 2021 ha estado marcado por las secuelas del impacto de la COVID-19 y “sus gravísimas repercusiones sociales y económicas de alcance mundial”. Así, ha explicado que la incidencia de la pandemia ha sido extraordinaria llegando a producir, incluso, una cierta paralización de muchos proyectos, medidas o protocolos puestos en marcha. A su juicio, su repercusión se ha notado en la salud pública y también “ha afectado de un modo significativo a la percepción respecto del funcionamiento de la Administración Pública que tiene la sociedad española”.