Tener una sanidad pública de calidad es una prioridad para todos los españoles, pero parece que los responsables políticos apuestan por ir desviando enfermos a la sanidad privada para acortar los periodos de espera de los pacientes. Esta apuesta nos llena de incertidumbres, porque los médic@s, enfermeras, auxiliares y demás trabajadores de la salud pública denuncian la falta de profesionales y que esa falta se nota en el servicio que se presta a los ciudadanos.
Estas últimas semanas hemos conocido por los medios la negativa de distintas aseguradoras en renovar el convenio que prestan a casi un millón de funcionares públicos englobados en MUFACE. Estos trabajadores se encuentran en la disyuntiva de permanecer en la misma “si se firma” pagar la privada o cambiarse a la Seguridad Social. Nada grave, porque todavía podemos casi presumir de tener una muy buena Seguridad Social, pero, si junto a la noticia de la no renovación a los funcionarios de MUFACE nos encontramos el titular “la Seguridad Social puede colapsar si no se renueva con MUFACE”, la cosa da un poco de canguelo.
La realidad es que las aseguradoras son cada vez más exigentes en sus pretensiones económicas y los funcionaros nos encontramos en el dilema de pasar a la sanidad pública o someternos a los dictados de las compañías privadas que tienen un objetivo común: ganar dinero. Ese es el debate. Un objetivo nada ilícito, pero puede rayar la inmoralidad cuando estas compañías intentan anteponer el resultado de sus cuentas a la salud de sus mutualistas.
En ese conflicto se encuentran miles de enfermos que se ven impotentes cuando los doctores les recomiendan unas pruebas y algunas compañías las deniegan con el argumento de que existen otras pruebas y que las programadas por el doctor no están dentro del convenio. La realidad es que son más costosas que las recomendadas y quieren someter al paciente a pruebas más económicas, más invasivas, más dolorosas y menos efectivas. Esto que escribo es una realidad incuestionable y que hemos sufrido muchos enfermos.
La sanidad pública ha sido durante décadas una de las banderas que hemos podido enarbolar los españoles. Una bandera que desde los poderes públicos se esfuerzan en dejar caer para vergüenza de todos los españoles. Cada día hay más médicos, enfermeras, auxiliares, en definitiva, personal de la sanidad que denuncian la precariedad de los servicios por falta de profesionales, mientras se derivan pacientes a la sanidad privada con el pretexto de rebajar las listas de espera.
La apuesta de las compañías privadas por suplir a la sanidad pública es evidente y solo con ver el gasto en publicidad nos da fe de sus pretensiones. Intentan encandilar a sus nuevos mutualistas con el argumento de que serán tratados con la inmediatez que requiere su dolencia y, esa premisa, es suficiente ante las largas listas de espera que nos muestra la sanidad pública.
En esa red caen día a día cientos de españoles que optan por pagar compañías privadas. Unas aseguradoras a las que puedes hacer frente cuando eres joven por tener precios más asequibles, pero con el paso del tiempo se vuelven muy costosas y casi inasumibles para las economías de las clases medias.
En definitiva, que cuando estás que no hay por dónde cogerte y necesitas atención médica, dejas de pagar la privada y te tienes que someter a la lista de espera de la pública. Un buen negocio para las compañías privadas.
En este país tenemos casi tres millones de funcionarios, un millón de empleados públicos englobados en MUFACE, más los pertenecientes al ISFAS “FUERZAS ARMADAS Y GUARDIA CIVIL”, desconozco el número exacto de personas que disfrutan de la sanidad privada pagada con dinero público, porque a los funcionarios tendríamos que sumar a sus familiares que también estarían sujetos al mismo paraguas si no trabajan.
En estos números que no doy, pero que me permito apuntar, está la fuerza de exigencia de las compañías privadas, porque la pregunta sería: ¿está capacitada la sanidad pública para atender a esta avalancha de usuarios?
Por otro lado, dicen algunos expertos que las compañías privadas no tensan mucho la cuerda porque no se pueden permitir perder esa masa de ingresos, pero antes o después estos convenios llegarán a su fin y los funcionarios públicos dejaremos de estar vinculados a las compañías privadas.
Ese será el fin, pero espero que cuando llegue no sea un caos y la administración se tome en serio la salud de los ciudadanos y apuesten de una vez por todas por ampliar las plantillas de los profesionales de la salud pública para que nadie tenga que recurrir a las compañías privadas para estar atendidos con prontitud y garantías.
