El Sindicato de Policía de la FSP-UGT ha advertido de la privatización de la seguridad pública con la futura entrada en vigor de la Ley de Seguridad Privada así como de la posible inconstitucionalidad de varios de sus artículos. “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos libertades y garantizar la seguridad ciudadana, así que compete con carácter exclusivo al Estado la “seguridad pública”.
A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, recuerda el sindicato, se les impone como principios básicos de actuación, trabajar con respeto al ordenamiento jurídico, con neutralidad, integridad y dignidad, así como con sometimiento a los principios de jerarquía y subordinación, entre otros. “Todos”, advierte, “son cuestionados con la futura entrada en vigor de la Ley de Seguridad Privada, que permitirá, entre otras cuestiones, la protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad del personal de seguridad privada, las cesiones de datos a las empresas de seguridad privada, que se consideren necesarias para contribuir a la salvaguarda de la seguridad ciudadana o la detención de presuntos delincuentes, pudiendo hacer uso de arma de fuego en algunos servicios concretos”.
Para el sindicato, tales atribuciones vulneran el espíritu constitucional. “La Ley es un primer e importante paso para la privatización paulatina de la seguridad pública, lo que conlleva un grave deterioro en la aplicación de la seguridad pública ya que al ser dada por empresas privadas la objetividad de las intervenciones serán totalmente parciales”, advierte. FSP-UGT instará a los partidos a que interpongan un recurso de inconstitucionalidad.
