Frontera Sur: Ceuta-frontera y puerto (abril 2018), por Reduan MJ

Reduan MJ es activista

Hoy en día hemos detectado que se está generando un odio radical y en aumento junto con una criminalización brutal de las ONG’s, activistas y defensores de los D.D.H.H. y de los migrantes en general.

Lo mismo ocurre hacia los menores y los mayores de edad no acompañados, de origen argelino y marroquí, los cuales deambulan por el puerto y escolleras, intentando buscar una oportunidad para cruzar a la península, practicando el llamado “Risqui”, es decir, arriesgando potencialmente sus vidas.

Después del presunto asesinato por un camionero de un chaval que había cumplido con anterioridad la mayoría de edad, persiguieron a varios de sus compañeros en la explanada del puerto con dos cabezas tractoras de camión, alcanzando a uno de ellos, Omar, el cual fue atropellado y arrollado hasta morir.

Por otra parte, se están implementando medidas como reforzar el perímetro fronterizo y del puerto, efectuando más inversión en sistemas de control y seguridad, reformando las vallas de todo el perímetro y espigones en la zona de Tarajal-Benzú y en su zona intermedia, con la correspondiente coronación de concertinas nuevas en dicho vallado.

A su vez se han colocado cámaras de vigilancia, se está utilizando material tecnológico y efectuando un refuerzo de la presencia militar, policial y de vigilantes de seguridad.

Con respecto a la zona vallada del puerto, se han establecido nuevas zonas con coronación de concertinas nuevas y se ha ampliado la plantilla con un grupo de policía local, nacional, guardia civil y por último con policía portuaria. Estos cuerpos llevan a cabo una gran presión y acoso a los inmigrantes menores y mayores de edad, que merodean por estas zonas de bloqueo.

A consecuencia de ello, se producen situaciones de especial tensión con intentos de salto de las vallas, cuyo destino son los barcos, las entradas de camiones, caravanas y las entradas por mar.

Si tenemos en cuenta que las llegadas a la península se han triplicado en el 2017, hemos contabilizado que sólo en lo que llevamos de año, más de 520 personas fallecieron en el Mediterráneo, de los cuales de 140 trataban de llegar a España. A ello hay que añadir todas las personas que se quedaron en el camino, al inicio de su ruta por el desierto u otras vías, sin disponer de estadísticas rigurosas y por supuesto sin ningún tipo de identificación.

En mi opinión, aunque hayan disminuido las entradas de personas considerablemente, siguen entrando migrantes y por supuesto seguirán intentándolo.

Más concretamente del 11-15 de Abril de este año, han entrado cuatro personas de las cuales dos de ellas han sido encontradas fallecidas por causas desconocidas.

Un ciudadano migrante alertó a otro compañero, estando alojado en el C.E.T.I., de la situación preocupante de estas dos personas, ya que no tenían noticias de ellos. Finalmente fue encontrado el cadáver de uno de ellos un día, cerca del vallado, estando ya dentro del área de Ceuta y al día siguiente se encontró el otro.

Otra persona migrante, un joven de 16 años de Guinea Conakry, fue encontrado unos días antes con graves heridas por los severos cortes de las concertinas, de tal manera que continua ingresado en el hospital. A consecuencia de todo lo acontecido y a partir de reuniones de los responsables de la Ciudad Autónoma con miembros de la Universidad de Málaga, se han tomado una serie de decisiones para valorar la viabilidad de crear un equipo de "especialistas y profesionales", formado por un grupo de cuatro personas, un conductor, un trabajador social, un educador y un médico.

Se trata de llevar a cabo el contacto directo con los llamados “Menas“, niños que deambulan por el puerto y escolleras. Se supone que este proyecto titulado “prevenir la delincuencia y victimización “contribuirá a calmar la inquietud de la ciudadanía.

De tal manera que se procederá a realizar un diagnostico de la situación, localizando y cuantificando para ello la cantidad de niños que estén en las zonas citadas “malviviendo”.

Todo ello se plantea que servirá para valorar de forma individualizada la situación de cada menor, por lo que se asistirá a cada uno de ellos, dignificando el tratamiento y protocolo a seguir en las fases que se programen, como intervención y prevención de delitos.

Desde mi punto de vista, considero que lo más adecuado sería plantear un enfoque integral hacia la mejora de condiciones de vida y de bienestar de estos menores.

Se debe poner en práctica una atención individualizada a cada menor, con el objetivo de investigar y registrar las causas directas e indirectas por las cuales los menores escapan de sus hogares familiares en sus países de origen, principalmente Marruecos y Argelia, hasta llegar finalmente a la Ciudad Autónoma de Ceuta.

A su vez hay que detectar e identificar las diversas situaciones de riesgo por el hecho de vivir en plena calle, como la posible existencia de maltrato con diversos orígenes, la existencia a su vez de abusos sexuales y la incitación a la mendicidad y/o comisión de pequeños hurtos.

Todo este marco de marginalidad y de abuso se traduce en la introducción por parte de los menores en conductas de alto riesgo, como la adicción a substancias nocivas para la salud, tales el pegamento, lo que puede derivar posteriormente al consumo a otros niveles, como el de las llamadas “drogas duras”. Por lo tanto, hay que aplicar un tratamiento individualizado a la situación de cada menor, con un equipo multidisciplinar preparado y con verdadera voluntad de abordar y atajar la alarmante situación de vulnerabilidad social que sufren estos menores en nuestra ciudad.

Todo ello está amparado de una parte, en la Ley 26/2015 de 28 de julio, de Protección a la infancia y a la adolescencia, por la que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernen, tanto en el ámbito público como privado.

Por otro lado, la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del Sistema de Protección a la infancia y a la adolescencia, establece y obliga a la protección del derecho a la vida, supervivencia, desarrollo del menor y la satisfacción de sus necesidades básicas, materiales, físicas y educativas, así como emocionales y afectivas.