Ayer fue aprobado durante el Consejo de Ministros un fondo extraordinario de 13.486 millones de euros dirigidos específicamente a las autonomías. El reparto, según acuerdo previo, se ha realizado en función de criterios exclusivamente poblacionales, por lo que a Ceuta -y a Melilla- en este reparto les ha correspondido la cantidad de 10 millones de euros que, aún lejos de otras economías, no es una cantidad nada despreciable. Esta transferencia extraordinaria del Estado a las autonomías, que se encuentra al margen del sistema de financiación, se establece con el objetivo de amortiguar los efectos de la crisis de la COVID-19 en las finanzas regionales, crisis que está llevando de cabeza a numerosas administraciones locales que ven mermados sus ingresos en lo que se refiere a conceptos que obtendrían si hubiera una actividad económica ‘normal’. Con estas transferencias, que se realizarán en un 70% de su importe en el mes de septiembre, y el 30% restante en noviembre, el Estado quiere ayudar a las comunidades a amortiguar todas esas carencias que van desgranándose a consecuencia de la crisis sanitaria. La Administración Central asume, de nuevo, el mayor coste de la pandemia y garantiza la liquidez a las Comunidades Autónomas para que puedan prestar servicios públicos esenciales de calidad.
Y es que esta es una crisis que no termina de irse; que mejora en sus índices pero que luego se presenta de nuevo como un mal invitado inesperado afectando a los más vulnerables, sobre todo a aquellos que aún están pendientes de iniciar o completar su pauta de vacunación; una pauta que desde la Ciudad Autónoma insisten en que es preciso que cumplamos todos si, realmente, queremos aproximarmos a un final real de la situación de la pandemia y a una normalización de la vida, también la económica, para muchas familias.
Más déficit del país y más deuda por español que tendrán que pagar nuestros hijos, nietos y biznietos. La gente cree que este dinero se hace en una impresora por la dictadura comunista que nos gobierna.