El consejero de Fomento del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha asegurado este martes que “bastantes” de los entre 20 y 30 negocios, sobre todo de hostelería y distribución, a los que en diciembre se concedió un plazo extraordinario de dos meses para obtener sus licencias de apertura y actividad, ya están tramitando esa documentación.
El objetivo es que cumplan con las condiciones mínimas de salubridad y seguridad exigibles.
Tras varios cierres cautelares en los casos más escandalosos, el Ejecutivo local decidió a finales de 2023 conceder una medida de gracia a los negocios considerados de especial riesgo por el alto volumen de clientela que pueden llegar a concentrar.
El margen adicional se otorgó a aquellos que sí comenzaron a hacer las modificaciones requeridas en sus establecimientos por el personal de Bomberos, la Policía Local o Sanidad y sobre los que todavía no se habían dictado decretos de cierre.
La Ciudad comenzó después del verano pasado un plan de inspección de locales coordinado por su departamento y las consejerías de Gobernación y Sanidad que conllevó algunas clausuras en el sector del ocio nocturno y la alimentación.
Fomento ha puesto la lupa sobre las denominadas “actividades calificadas”, es decir, aquellas que por estar consideradas molestas, insalubres, nocivas o peligrosas requieren adoptar medidas correctoras sanitarias, de seguridad y/o medioambientales. Se trata, por ejemplo de bares, cafeterías, restaurantes, almacenes, etcétera.
Interpelado sobre la reivindicación del Colegio de Arquitectos de Ceuta de contar con más herramientas para fomentar las obras de rehabilitación de edificios, Ramírez ha recordado al COACE que este año recibe una subvención de 80.000 euros que bien puede destinar a ese objetivo, aunque se ha mostrado dispuesto a “estudiar” fórmulas de colaboración con la administración.
El también portavoz gubernamental ha recordado que el Gobierno de Vivas ya ha lanzado dos convocatorias de ayudas para la rehabilitación integral de edificios, una para inmuebles de promoción privada y otra para VPO, con un presupuesto conjunto de casi 6 millones de euros.
“En cuanto al asesoramiento la Ciudad cuenta”, ha explicado, “con la Oficina de Cambio Climático, en la que abogados, arquitectos, jurídicos y comerciales se dedican a sensibilizar e informar sobre las convocatorias existentes, sobre todo de fondos europeos, pero si se ve necesaria más presencia se estudiará”.
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