La Fiscalía planta cara a los narcos de la Operación Roble que detuvo la UDYCO

Son 25 acusados, entre líderes de una organización de narcos y pasadores. Todas sus detenciones fueron incluidas en la llamada Operación Roble. Un golpe maestro de la UDYCO con el que se terminó con un grupo que se dedicaba a organizar pases de hachís de Ceuta a Algeciras utilizando coches y embarcaciones dotados con dobles fondos dignos de especialistas.

Ahora el Ministerio Fiscal ha notificado el escrito de calificación con penas superiores a los 7 años de cárcel para los considerados ‘peces gordos’, los que manejaban los hilos de esta estructura delictiva.

Durante más de un año, los cabecillas de la red se dedicaron a preparar vehículos con dobles fondos que llenaban de hachís previamente almacenado en guarderías.

Se las sabían todas, hasta los pasos que daban las fuerzas de seguridad o qué días podían ser mejores para llevar a cabo los embarques de la droga sin ser interceptados.

En esta operación, que fue reventada por la UDYCO en octubre del pasado año con registros en distintos puntos de la ciudad, nunca se detuvo a policías o guardias civiles, pero los acusados se jactaban de manejar no solo información sino de poder conocer si estaban siendo investigados.

8 pases de droga y coches preparados por especialistas

La Fiscalía incluye en su escrito de calificación provisional a cuyo contenido ha tenido acceso El Faro de Ceuta, hasta 8 pases de hachís que fueron abortados por la UDYCO, desde junio de 2024 a octubre de 2025.

Aquellos decomisos que aparecían en las noticias de sucesos no eran casos aislados, los agentes de esta unidad del CNP ya estaban atando cabos para conseguir una relación entre todos ellos y llegar a la cabeza, a la estructura delictiva que estaba ideando esta forma de sacar la droga.

Los vehículos que empleaban disponían de habitáculos que solo se abrían mediante el uso de unos comandos. Para ello, los pasadores contaban con un mando a distancia que activa ese mecanismo. Solo así se podía llegar al punto de ocultación.

En otros coches se usaba una especie de imán a modo de llave de seguridad para desbloquear el acceso al doble fondo en donde estaba la droga. No eran burdas formas de camuflar el hachís, era una obra propia de especialistas que, además, manejaban abundante y buena información.

En varios de los vehículos atribuidos a esta organización la UDYCO ha localizado sistemas de ocultación propios de profesionales, que funcionan a base de sistemas electrónicos con trampillas, u otros en donde se han efectuado construcciones de estructuras clandestinas difíciles de detectar.

Pero todo lo que comienza tiene un final. Y el de estos pasadores lo tuvo en octubre de 2025, cuando decenas y decenas de agentes se desplegaron por barriadas de Ceuta para detener a presuntos implicados en esta trama. Los meses previos habían ido deteniendo a conductores de coches propiedad de la organización que ya se encontraban en prisión preventiva, hilando muy fino para dar con la conexión entre todos ellos. 

Los roles de los implicados: la cúpula

A ojos de la Fiscalía, existen unos cabecillas claros. Señala a un matrimonio. El acusado R.D.G. se sitúa como el encargado de constituir un grupo de personas organizado para pases de drogas, todos con un rol concreto y siguiendo un patrón de conducta reiterado en el tiempo.

Disponían de vehículos y embarcaciones que habían sido modificadas mediante la creación de huecos y mecanismos de apertura magnética ad hoc.

Su mujer, identificada como P.C.T., es cooperadora, sabe de las operaciones y colabora para su buen éxito. Se encarga de amenazar y extorsionar a las personas que pasan la droga para que guarden silencio.

Mantiene la Fiscalía que se estaba ante el encargado de controlar y coordinar el transporte de hachís procedente de Marruecos para trasladarla a la Península, dando las órdenes e instrucciones para adquirir y pagar los vehículos, captar conductores y tripulantes, así como concretar los lugares de ocultación.

M.N.Ch.A., otro de los acusados, figura como colíder de este grupo delincuencial, ya que se encargaría de proveer la droga en Marruecos, recepcionarla en Ceuta, guardarla y contactar con terceros colaboradores.

Las demás funciones: el “banco” y el “notario”

El Ministerio Público atribuye al resto de los acusados roles y funciones concretas. Está quien preparaba la droga y disponía de la logística para su introducción en esos habitáculos de coches y embarcaciones, buscando que el hachís no fuera descubierto por las fuerzas de seguridad.

También quien se encargaba de proveer el hachís además de ejercer de ‘lanzadera’ y control para asegurar que los pases no sufrieran riesgos.

El “notario” es otro de los acusados, es vigía y lanzadera, ya que aportaba vigilancia y seguridad a la organización controlando los movimientos de la droga y alertando de posibles controles policiales.

Otro de los acusados guardaba el hachís usando su vivienda como caleta o taller para preparar el envasado de la droga e introducirla en los vehículos.

Entre la suerte de señalados está también quien coopera en las funciones logísticas de apoyo trasladando vehículos y llevando a cabo labores de contravigilancia o quien aporta medios materiales para cooperar en pases, coordinando el transporte de la sustancia estupefaciente.

El “banco” es quien se encargaba de guardar el dinero procedente de los negocios de la droga.

Transportistas y conductores de coches que se prestaron a pasarlos llenos de hachís siendo conocedores de ello completan esta estructura delincuencial, tal y como mantiene el Ministerio Público.

Las penas solicitadas

El total de la droga intervenida y que se asocia al grupo en este procedimiento asciende a 885 kilos de hachís, a lo que se suma vehículos, embarcaciones y dinero decomisado.

Fiscalía considera que se está ante la comisión de delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, además de, solo en uno de los casos, un tercer delito de falsedad documental en documento público.

Las penas son dispares, para los principales implicados en la trama, 3 personas, el Ministerio Público solicita 4 años y medio de cárcel por delito contra la salud pública. Pena que se eleva a 5 años en el caso de un cuarto.

Para el resto, se piden penas de 4 años y 3 meses de cárcel por ese delito de tráfico de drogas.

Por el delito de integración en grupo criminal, a los dos principales cabecillas se les pide 2 años de cárcel, mientras que, para el resto, 1 año y medio.

Solo a uno de los acusados se le pide 2 años de prisión por falsificación y 9 meses de multa a razón de 12 euros diarios.

Para tres de las personas que fueron detenidas en este procedimiento se solicita archivo.