El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta continuará el próximo 25 de marzo un juicio seguido contra un policía local que está acusado de falsificación de documento público. La vista se ha suspendido este miércoles tras la toma de varias declaraciones.
Fiscalía solicita 5 años de prisión, así como una multa de 20 meses con cuota diaria de 20 euros, a lo que se añade una petición de inhabilitación de 5 años, lo que llevaría a la pérdida del uniforme.
La Acusación Particular ha modificado su escrito de calificación inicial toda vez que ha considerado la existencia de una atenuante de reparación del daño ya que el agente ha consignado una cantidad económica de manera previa.
Esa consignación fue ofrecida por el propio policía, identificado como R.V., ya que en ningún momento por parte de la Acusación Particular se había pedido nada. Al considerar por tanto que existe esa atenuante muy cualificada se ha pedido una rebaja en la pena de cárcel en dos grados, es decir, 9 meses. Además, una multa de 45 días con cuota diaria de 5 euros y en el caso de inhabilitación deja en manos de la Sala que lo determine.
La Defensa del agente, que ha reconocido los hechos, ha hecho hincapié en que su patrocinado sufría un cuadro de depresión grave cuando se produjo el incidente, constando en su expediente varias felicitaciones por servicios llevados a cabo. Fiscalía ha puntualizado que tener un expediente positivo no obsta la realización de una acción de este tipo, como fue la de haber falsificado un boletín de denuncias para perjudicar a un ciudadano.
La vista se ha suspendido para que el próximo 25 de marzo pueda prestar declaración el psiquiatra que estaba siguiendo el caso del policía y que le dio el alta para que se incorporara en sus funciones.
El agente de la Policía Local ha reconocido que hizo ese boletín de denuncia, que puso su firma y además simuló la de su compañero de patrulla, inventándose de esta forma que el perjudicado había incurrido en una sanción de tráfico a bordo de su moto.
Era imposible puesto que ese vehículo a dos ruedas estaba en un garaje, toda vez que no tenía asiento ya que días antes se lo habían rajado. Presumiblemente había sido el agente el que cometió esa acción, pero no se ha corroborado.
El acusado ha reconocido que se inventó que había visto ese comportamiento irregular en carretera y firmó la denuncia como policía local estando de servicio a sabiendas de la falsedad.
Ha reconocido los hechos y, emocionado, ha dicho estar “muy arrepentido del acto” cometido, por el “daño a la imagen del Cuerpo y de mis compañeros… Pido perdón a la Sala y a las personas” a las que ha podido causar perjuicio, ha declarado.
Ha indicado que en la época en la que esto sucedió había sufrido una ruptura matrimonial y no se encontraba bien, pero el doctor que le atendía le había dicho que podía retornar a su puesto de trabajo.
“Soy consciente de lo que he hecho, he intentado reparar el daño, lo he intentado por todos los medios”, ha señalado, confesando que volvió al trabajo, pero no estaba bien. Ha ingresado 33.000 euros en concepto de reparación del daño, montante que ha tenido que pedir a familiares.
En la vista oral celebrada hoy se ha constatado que efectivamente la sanción denunciada nunca se había producido. El propio compañero del policía local acusado ha dicho que él no firmó ese boletín, por lo que suplantaron esa rúbrica. También ha puntualizado que el acusado no estaba bien anímicamente, “no era el mismo que habíamos conocido” antes de sufrir el divorcio.
La víctima de estos hechos ha narrado que era vecino del agente y que el desencuentro comenzó cuando efectuó una llamada al 112 para dar parte de una situación de insalubridad en la barriada debido a una obra.
Resulta que esa obra ilegal la estaba haciendo el agente, que supo la identidad de quien llamó y, por tanto, le afeó en la vía pública que lo hubiera hecho. La víctima de la venganza posterior solo hizo es llamada dando parte de la situación, ni siquiera le denunció por la obra, pero aún así sufrió esa particular persecución.
El perjudicado ha recalcado que era imposible que el día en el que supuestamente había cometido la infracción de tráfico estuviera circulando con su moto, ya que la tenía en el garaje y además sin asiento. Todo eso lo pudo demostrar.
Ha indicado que todo este tiempo que ha transcurrido ha sido muy desagradable para él por la situación sobrevenida, la protagonizada por un ciudadano normal a quien al final multan sin haber hecho nada.
No obstante, hoy ha manifestado que ha existido voluntad de arreglar la situación provocada por el acusado reparando el daño causado. De existir una condena no se opondría por su parte a que se aplicara un indulto.
Tras una investigación llevada a cabo por la Brigada Provincial de la Policía Judicial grupo de UDEF-Delitos Tecnológicos, se supo lo que había pasado con la imposición de una multa no ajustada a la verdad de lo ocurrido.
El origen de este caso se sitúa en enero de 2023 cuando el denunciante trasladó al 112 la realización de una obra que podría causar riesgos en el bloque de vecinos, comunicándolo para que se corroborara el cumplimiento de las medidas para desarrollarla.
Después de esa llamada comenzarían las amenazas, rotura de la tapicería de los asientos de su motocicleta para, finalmente, recibir una multa de tráfico por haberse saltado un semáforo en rojo a una hora y en un lugar en el que era imposible que estuviera porque está confirmado oficialmente que se encontraba en su puesto de trabajo y el vehículo a dos ruedas estacionado en el garaje.
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