Fiscalía pide cárcel para López y multa para expolíticos y trabajadores de Emvicesa

Punto y final al juicio que se ha seguido durante prácticamente un mes en la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta. El mediático 'caso Emvicesa' acoge este lunes una de sus últimas sesiones con la lectura de las penas solicitadas. Lo hace con novedades ya que el Ministerio Fiscal ha propuesto penas alternativas para los trabajadores de Emvicesa así como para los expolíticos que se traducen en petición de multas.

A todos los acusados se les aplica la atenuante de dilaciones indebidas y, en los casos en los que ha existido reconocimiento del delito, otra de colaboración con la justicia. En esta semana se conocerá el contenido del informe de Fiscalía para justificar la introducción de la imprudencia.

Para Antonio López, considerado cabeza de esta pirámide delincuencial, no hay pena alternativa. Se le acusa de delito continuado de prevaricación, otro de falsedad en documento oficial, otro continuado de cohecho y blanqueo de capitales.

Fiscalía solicita 9 años de inhabilitación por el primero de los delitos, 5 de prisión por falsedad en documento público u oficial más una multa de 20 meses con una cuota diaria de 50 euros, otros 5 años de cárcel por cohecho más multa de 20 meses con 50 euros e inhabilitación para empleo o cargo público durante 10 años, además de 3 años de prisión por blanqueo de capitales y 5 millones de multa.

Es decir, en total, 13 años de prisión, mucho menos de los 26 que se solicitaban inicialmente.

Multas para expolíticos y trabajadores de Emvicesa

Tras retirar la acusación para 11 de los acusados, la Fiscalía ha propuesto penas alternativas por una comisión delictiva imprudente. En el caso de los expolíticos, solicita para Susana Román una pena de 10 meses de multa con una cuota de 50 euros diarios por un delito continuado de falsedad imprudente, además de 10 meses de suspensión de empleo o cargo público.

Es la alternativa a los delitos contenidos inicialmente en el escrito de calificación de prevaricación y falsedad en documento público por el que se enfrentaba a 8 años de inhabilitación por el primero además de 4 años y 9 meses de cárcel por el segundo.

Para Mohamed Alí y Rabea Mohamed, Fiscalía también ha propuesto condenas alternativas por una falsedad imprudente por lo que pide 9 meses de multa con una cuota de 50 euros diarios y 9 meses de suspensión para empleo o cargo público. En el escrito de calificación inicial se les pedía 8 años de inhabilitación.

En el caso de los trabajadores de Emvicesa, cinco empleados en total, el cambio también es importante al proponer como alternativa una acusación de cooperadores necesarios en una falsedad imprudente. En el relato de hechos se hace mención a que actuaron sin atender las normas de cuidado básicas, comprobación o asesoramiento. Al haber omitido sus funciones de celo profesional hubo consecuencias.

Así, en el caso de la promoción de las 317 se permitió que Antonio López pudiera llevar a cabo su finalidad. La pena alternativa solicitada es de 5 meses de multa a razón de 12 euros diarios, además de 5 meses de suspensión de cargo en su trabajo. En un principio estos trabajadores eran acusados de delitos de prevaricación continuada y falsedad en documento enfrentándose a penas de cárcel.

La Fiscalía pide principalmente las penas de prevaricación para los expolíticos (en el caso de Román además la falsedad) pero si el tribunal no apreciara esa prevaricación considera que sí existió un falseamiento de forma imprudente del acta lo que conllevaría esa alternativa de multa y suspensión de empleo público.

Lo mismo sucede con los trabajadores de Emvicesa, en el caso de que no prosperara la condena por prevaricación y falsedad documental se solicita alternativamente una falsedad imprudente que se traduce en multa.

El policía portuario, petición de 9 meses de cárcel

En el caso de los intermediarios, entre ellos el agente portuario que tiró de la manta e implicó directamente a Antonio López, la petición es de 9 meses de cárcel y multa de 3 meses con una cuota de 5 euros al igual que para otros dos de los intermediarios. Un cuarto está en busca y captura.

Para los 25 acusados que han reconocido el delito de cohecho se propone la pena de 1 año y multa de 3 meses con cuota diaria de 10 euros. Los que no reconocieron el delito se enfrentan a una pena de 3 años de cárcel.