La Fiscalía se ha adherido a los recursos de apelación interpuestos por el ex consejero de Deportes del Gobierno de Ceuta, Fernando Ramos, y el interventor de la Ciudad Autónoma contra el auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 que dio por finalizada la instrucción abierta en junio de 2016 a raíz de una denuncia de Javier Pérez, el anterior gestor del Centro Ecuestre de la Ciudad, para ir a juicio. La instructora apreció base suficiente para continuar el procedimiento por presunta prevaricación administrativa pero el Ministerio Público considera que los hechos investigados “no son constitutivos de delito”, según han informado fuentes judiciales a El Faro.
En su resolución, la jueza no expuso ni una mínima justificación de su conclusión, por lo que la defensa de Ramos y Caminero alegó falta de motivación ante la Audiencia Provincial.
Las acusaciones (Javier Pérez y la asociación ‘Conciencia Libre’) han presentado escrito de acusación por supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa contra los investigados.
La jueza ya había rechazado declarar compleja la causa, como pidió la Fiscalía, lo que hubiese permitido alargar su instrucción.
Pérez, ex director técnico del Centro Ecuestre JP, denunció en sede judicial “persecución” hacia su persona y la división en 22 contratos menores "ajustados en duración según conveniencia a menos de 18.000 euros" las necesidades de la Escuela Hípica que gestionó durante años sin concurso público. Con esos contratos se cubrió el periodo del 1 de noviembre de 2015 al 30 de junio en materia de alimentación de animales, veterinaria, herraje y mozos de cuadra. En paralelo, JP, que reclamaba más dinero cobró por el servicio de monitores.
El propio interventor reconoció en junio de 2016 que encadenando contratos menores se había incurrido en un modo de proceder "de carácter un tanto irregular" asumido solo "en el bien entendido que se iba a instruir un procedimiento público de adjudicación, mediante la convocatoria de un concurso, siendo el sistema de este periodo un medio transitorio para cubrir el periodo de convocatoria y de adjudicación del mencionado concurso”. Por todo ello ordenó parar máquinas y exigió acabar de raíz con ese sistema ‘transitorio’ desde el 1 de julio.
Entre dudas sobre cómo se financiaba el servicio, si los dueños de caballos pagaban o no por su pupilaje, etcétera, al final no hubo licitación porque se argumentó que obligaría a cerrar el Centro Ecuestre varios meses. Sí se llegó a un acuerdo con Pérez para alquilarle cuarenta animales (18 ponis y 22 caballos por unos 2.500 euros mensuales) y la gestión de la Hípica se dejó en manos de la Federación a través de un convenio.
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