La Fiscalía de Ceuta y la Ciudad Autónoma, personada como acusación particular en la causa que tiene a Javier Guerrero como investigado por presuntos
abusos sexuales sobre menores migrantes solos han presentado un recurso de reforma ante el titular del
Juzgado de Instrucción número 3 local contra el auto con el que la semana pasada acordó permitir al exconsejero eludir su situación procesal de prisión provisional, en la que continúa, con el
depósito de 100.000 euros. A su juicio persiste riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de alteración de pruebas.
El doctor reunió rápidamente la cantidad reclamada y el pasado lunes se validó su aportación con un auto de fianza bastante que, ese mismo día a última hora de la tarde, le permitió abandonar el Centro Penitenciario Puerto II y retornar a la ciudad.
Tanto el juez instructor del caso, cuyas diligencias comenzaron a instruirse hace un año y medio, como la
Audiencia Provincial rechazaron en primavera la salida de la cárcel de Guerrero, que entró en prisión el 13 de enero.
Para justificar su cambio de criterio el magistrado ha valorado que tras diez meses y una semana encerrado ha desaparecido el riesgo de destrucción de fuentes de prueba, así como el de reiteración de la conducta delictiva, y que el de fuga se ha reducido.
No entienden lo mismo el Ministerio Público y la acusación particular, que opinan que el riesgo de fuga persiste porque la alta penalidad de los delitos que se atribuyen al que fuera consejero de
Sanidad podría hacerle plantearse la conveniencia de eludir la acción de la Justicia.
También cuestionan que la fianza solicitada se haya ajustado a su capacidad económica a la hora de asegurar que la misma sea una medida aseguradora eficaz.
Igualmente opinan que el riesgo de reiteración delictiva sigue existiendo por mucho que el juez haya ponderado que todas o parte de las víctimas estén ya en la península, ya que Guerrero tiene libertad de movimiento por el territorio nacional y, además, podría delinquir con otros menores.
De momento además de dejarle sin pasaporte y obligarle a firmar cada dos semanas en sede judicial, sobre el exconsejero se ha dictado también una prohibición de acercamiento a menores desamparados, así como a cualquier Centro de Protección de España.