Los animalistas de Ceuta no han tardado ni una noche en empezar a movilizarse
contra la corrida goyesca de toros que, en una plaza portátil, prevé organizar una empresa privada el 18 de septiembre para homenajear a La Legión casi 30 años después del último evento de esta naturaleza celebrado en la ciudad. Han recurrido a la web especializada
‘Change.org’, la plataforma de peticiones más grande del mundo, donde han comenzado a recoger firmas (más de un centenar en unas horas) para pedir al
Gobierno de la Ciudad “que, habiéndose nombrado por si mismo defensor de los animales antaño, no conceda permisos, autorizaciones y licencias de modo que se impida la realización de esta corrida de
toros”. En el escueto argumentario de la iniciativa explican que “el 18 de septiembre se pretende realizar una corrida de toros en Ceuta con motivo de la celebración de la conmemoración del Centenario de La Legión de 2020”. “Esta corrida de toros estará organizada por la empresa ‘Taurohispania Milenium’, pero la Ciudad Autónoma tiene que otorgar los permisos y autorizaciones para la entrada de animales y las licencias de uso del espacio público”, por lo que entienden que sería fácil impedir su desarrollo si existe voluntad política para lograrlo. El Pleno acordó hace siete años a
propuesta de Caballas “declarar a Ceuta ‘Ciudad libre de maltrato animal”, lo que debía conllevar, según la redacción literal de la parte dispositiva de la propuesta, “entre otras cosas, la prohibición de circos con animales, así como de todo espectáculo que incluya el sufrimiento de los animales como entretenimiento”. El Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de agosto la Ley de Derechos Animales, una norma pionera para garantizar su bienestar con un marco legal común para todo el país. Impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, busca poner fin al maltrato, abandono y sacrificio de animales para impedir que se sacrifiquen mascotas salvo por motivos sanitarios y eutanásicos, prohibir la exhibición con fines de comercialización o reconvertir los zoos y delfinarios en centros de recuperación de especies autóctonas. La tauromaquia, al estar protegida a nivel constitucional como patrimonio cultural, no se regula. Tres leyes ordinarias regulan y protegen la fiesta de los toros: la ley 10/1991 sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos; la 18/2013 para la regulación de la tauromaquia como patrimonio cultural, y la 10/2015 para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. La segunda de ellas señala en su preámbulo que “la Tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles, en cuanto actividad enraizada en nuestra historia y en nuestro acervo cultural común”. El Tribunal Constitucional se ha opuesto a la prohibición de las corridas en algunas regiones al considerar que se invadían competencias del Estado y que las Comunidades Autónomas tienen capacidad para regular esos espectáculos, pero no para vetarlos.