Policía Local evitó que hubiera una acampada y la Delegación reseña que al tratarse de una reunión pacífica no se podía realizar una disolución
El colectivo argelino se marchó anoche de la Plaza de los Reyes, después de permanecer casi 36 horas seguidas. Decían que era la única forma de hacer visible su protesta, de denunciar que llevan meses aquí y que no pueden salir, mientras que en el caso de los subsaharianos se organizan traslados cada semana. Desde el lunes a las 12.00 horas se mantuvieron firmes en este espacio público.
Ayer la Policía Local les comunicó la obligación que tienen de no incumplir las ordenanzas municipales, para ello les retiraron los cartones que usaban para protegerse del frío contando con apoyo de Trace. De igual forma se les instó a retirarse del lugar para que la plaza fuera baldeada y después cortaron los cordeles que sostenían las pancartas de protesta que colocaron de lado a lado de la plaza.
Hubo algunos momentos de cierta tensión, de escenificación de reticencias a retirarse de la plaza. Una reunión de urgencia en la Delegación, a la que asistió el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, y el coronel Sebastián Vega, responsable de Policía Local, tampoco despejó más dudas, al margen de que este Cuerpo controlará que la plaza, como espacio público, esté liberado para que pueda limpiarse y que no se incumpla la normativa que pueda afectar a la salud pública de mantenerse la presencia del grupo.
En un comunicado oficial la Delegación insistió en que la salida de los argelinos se dilata alrededor de ocho meses como consecuencia del trámite necesario para resolver sus solicitudes de asilo y que el colectivo nunca comunicó a las autoridades su intención de ocupar este espacio público. “La situación de los argelinos es una consecuencia de su solicitud de asilo. Se debe a que hacen un uso indebido de la misma, a pesar de que son conscientes de que no responden a los requerimientos previstos en la normativa que regula el asilo, sino que se trata de inmigración por causas económicas”, aclaró. Al tratarse de una reunión pacífica, las leyes impiden a la autoridad gubernativa su disolución.