Hasta mayo de 2025, los trabajadores, también de Ceuta, que recibían el reconocimiento de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez veían extinguirse automáticamente su contrato de trabajo. La reciente Ley 2/2025 ha eliminado esta posibilidad, introduciendo un cambio significativo en la protección de los empleados con limitaciones laborales.
Ahora, la empresa dispone de un plazo de tres meses desde la notificación de la resolución de incapacidad para adaptar el puesto actual del trabajador o asignarle un puesto compatible con sus capacidades y limitaciones. Solo en caso de que no sea posible una reubicación sin suponer una carga excesiva para la empresa, el contrato podría extinguirse de manera justificada.
El incumplimiento de este periodo de adaptación puede derivar en que un despido sea declarado improcedente o incluso nulo, generando derecho a indemnización para el trabajador.
La Ley General de la Seguridad Social (LGSS) contempla cuatro grados de incapacidad permanente, que determinan el tipo de prestación o pensión que puede recibir el trabajador:
El trabajador tiene 10 días naturales desde la notificación de la incapacidad para decidir si mantiene la relación laboral. Si acepta un puesto adaptado o reubicado, la pensión de incapacidad permanente queda suspendida mientras se mantenga la relación laboral.
En caso de rechazar la alternativa propuesta por la empresa, es recomendable dejar constancia por escrito, con el fin de evitar problemas legales posteriores.
Este cambio normativo refuerza la protección de los trabajadores y garantiza que la incapacidad permanente no suponga un despido automático, promoviendo la inclusión laboral y la adaptación de los puestos a las necesidades de cada empleado.
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