Quién iba a imaginar hace unos años que el floreciente negocio anidado en el
polígono del Tarajal, en Ceuta, iba a transformarse en un gran albergue para inmigrantes repartidos entre todas sus naves. El cierre de la frontera debido a la pandemia y la crisis provocada por
Mohamed VI el pasado mayo ha llevado a que buena parte de esas naves, cuyo negocio económico estaba agotado, sean alquiladas por el
Gobierno para resolver un asunto de inmigración que es competencia del Estado, pero al que hay que ponerle remedio para evitar problemas de seguridad y salud pública. En las últimas horas se ha procedido al traslado de 150 menores marroquíes que estaban en dos naves y que se encuentran ya en Piniers, en donde el registro supera los 400 acogidos. Quedan todavía en el Tarajal, pero la Ciudad ya ha desinfectado y acondicionado otra de las naves para atender a los adultos, cuya cifra se estima en 2.000 en las calles.
El objetivo es, de la mano de la Policía Nacional, Tragsa y Cruz Roja, ir retirando todos los asentamientos para trasladar a los marroquíes a las naves. Se dispone de un estudio previo hecho por Cruz Roja, que ha concluido que un alto porcentaje de los marroquíes –más del 90%-
quiere irse de los acantilados y lugares abandonados que han ocupado para vivir en condiciones de salubridad y seguridad. Las naves son concebidas como “recurso de primera asistencia para hacer frente a la emergencia social, no es centro acogida sino de aseo, de comida y para dormir”, ha recalcado el portavoz del Gobierno, Alberto Gaitán en la rueda de prensa ofrecida al término del Consejo de Gobierno. Ahora hay 214 personas adultas pero el fin del Ejecutivo es acoger a todas las que están en la calle. La institución municipal mantiene contactos con el gobierno de la nación para que la situación revierta, sabedora de que se está ante una competencia estatal, pero “hemos entendido conveniente actuar de manera contundente para evitar situaciones de perjuicio, por eso habilitamos las naves que eran de menores que ahora han ido a Piniers y en las que intentamos llevar los asentamientos”, ha detallado Gaitán, confiando en que Delegación dé una respuesta a las peticiones de búsqueda de espacios para acoger a inmigrantes. El gasto de la Ciudad, que se cifró en 3 millones mensuales, será compensado por el Gobierno central.