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La Ciudad lleva a cabo desembolsos de hasta 41.000 euros anuales por menor en los casos de niños extranjeros abandonados al presentar enfermedades que requieren de tratamiento
La reducción del fenómeno de la inmigración infantil a un único perfil es, además de un error, una falta de reconocimiento a un fenómeno que ofrece mil caras. No solo se trata de los MENA de origen marroquí, también hay una población subsahariana destacada y un grupo de niños de los que casi nadie se acuerda, se trata de aquellos que son abandonados en Ceuta y que presentan, en algunos casos, enfermedades irreversibles. Sus progenitores los dejan en la ciudad buscando de esta forma que puedan ser atendidos por el sistema sanitario español ante la imposibilidad de hacerlo en Marruecos.
“Requieren unas atenciones que desbordan nuestras posibilidades”, advierte el Área de Menores, ya que se trata de casos que deben ser atendidos en centros terapéuticos de otras comunidades autónomas. Según los cálculos de que dispone el Área, la Ciudad lleva a cabo desembolsos de hasta 41.000 euros anuales por menor, “asumiendo así no solo las situaciones de desprotección de nuestro país como nos compete, sino que afrontamos el reto de lo no previsible de la inmigración”, puntualiza.
Los protagonistas de estas historias representan el eslabón más trágico de esta cadena migratoria. Detrás de los datos hay casos de menores con enfermedades imposibles de tratar en Marruecos salvo que se ponga por delante grandes sumas de dinero. Y eso es precisamente lo que escasea en familias humildes que encuentran en el abandono de su hijo la única salida para darles no solo calidad de vida sino una oportunidad.
La Ciudad se confiesa sorprendida por las dimensiones de un fenómeno que empezó a experimentar mayores picos después de haber asumido las transferencias de menores. “Esta nueva realidad es objeto de atención y preocupación por parte de las instituciones de protección y de otras entidades que trabajan en defensa de la infancia”, reflexiona.
“Estas personas menores de edad han sido los protagonistas recientes de la reorganización que ha realizado nuestra Ciudad en los últimos años en materia de protección, desbordando en la mayoría de ocasiones los recursos protectores de que disponíamos, a pesar de ser desde el punto de vista técnico, el 10 por ciento de las competencias que ostentamos”, añade la institución municipal.
En el centro de La Esperanza hay acogidos unos 200 menores, datos que no comprenden a los que optan por permanecer en la zona portuaria buscando la manera de cruzar al otro lado ocultos en los barcos. Buscar una explicación a su comportamiento es harto complicado, desde el momento en que hay grupos de niños de la misma edad que sí están en el albergue de Hadú mientras que otros en las mismas circunstancias optan directamente por esconderse en las escolleras, como se demostró en las operaciones desarrolladas por la Benemérita que se saldaron con la localización de niños que ni estaban tutelados por la Ciudad Autónoma ni nunca antes habían sido trasladados al centro de Hadú.
Las diferencias en los recursos a los que pueden acceder unos y otros niños es abismal, ya que mientras los menores que están en el puerto permanecen desatendidos salvo que sean localizados por las fuerzas de seguridad, los que están bajo la tutela de la Ciudad Autónoma sí se benefician de programas de aprendizaje de castellano, actividades deportivas, acciones enmarcadas en la Guía Educativa de todo tipo así como planes orientados al desarrollo y destrezas laborales a través de cursos de inserción laboral o incluso haciendo prácticas. “Lo que ha visto el Defensor del Pueblo en su visita es el cumplimiento de garantías y los derechos fundamentales en la intervención con menores y jóvenes contemplados en el protocolo de MENA, así como las pautas establecidas por la Recomendación del Consejo de Europa”, añaden.
