Un grupo de familias españolas lleva meses —en algunos casos, años— intentando conseguir que sus familiares encarcelados en Marruecos puedan cumplir su condena en España.
Todas ellas se encuentran en la misma situación: la documentación para el traslado está completa, salvo un último trámite, la firma del fiscal marroquí en el documento de aduanas, sin el cual no se puede ejecutar el traslado a territorio español.
A través de un grupo de WhatsApp creado gracias a Inmaculada, una madre onubense, estas familias se han unido para compartir información, apoyo y esperanza. Ninguna de ellas pide el perdón de las penas; solo reclaman que sus familiares puedan cumplir su condena en cárceles españolas, donde puedan verlos y vivir en condiciones dignas.
“No queremos que se les quite la condena, solo que la cumplan en España. Queremos poder visitarlos y que vivan como personas, no entre ratas y cucarachas”, resumen las familias en conversación con este medio.
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Inmaculada, de Huelva, tiene a su hijo preso en Tetuán desde hace dos años. Tenía solo 22 cuando fue detenido y ahora, con 24, su familia lleva siete meses luchando por el traslado.
“Las visitas son un caos, un descontrol. Y económicamente es imposible mantener ese ritmo”, lamenta. La distancia, los costes y la incertidumbre hacen cada viaje una odisea.
Fue ella quien creó el grupo de WhatsApp que reúne a todas las familias afectadas, después de publicar un vídeo en TikTok en el que pedía unir fuerzas para ayudarse mutuamente y luchar por el mismo objetivo.
Sara relata que su marido, J. M. R., lleva preso 2 años y 9 meses cumpliendo 8 años de condena por una embarcación vacía. Su situación comenzó en Kenitra, donde pasó 14 meses “viviendo un puro infierno entre ratas, cucarachas y condiciones inhumanas”.
Posteriormente, los presos fueron trasladados a cárceles distintas, y a él le tocó Larache, “una prisión donde el consulado no se acuerda ni de visitar a los españoles”.
Sara subraya: “Estamos desesperados. No pedimos que no cumplan condena, pero sí pedimos que la cumplan en España”.
El caso de Laura muestra otra realidad: su esposa explica que su marido, S. F., español de La Línea de la Concepción, está en Tetuán cumpliendo ocho años de condena, de los cuales lleva cumplidos cuatro años y tres semanas.
“La embajada me dice que tenemos que esperar. Mi marido ya está hundido del todo, ya no aguanta mucho, y aquí en España está todo en regla. Solamente estamos esperando el definitivo de Marruecos, que llevamos un año esperándolo y aún no sabemos nada”, señala.
La familia vive con una preocupación constante por la salud emocional de S. F., cuyo estado se deteriora mientras la burocracia retrasa su traslado.
María Jesús, de Sanlúcar de Barrameda, lleva casi un año esperando una respuesta del documento de aduanas para trasladar a su marido, G. G. R., preso en Tetuán.
Su marido cumple una condena de 8 años y lleva en Marruecos 33 meses. "Hasta el momento, no hemos recibido ninguna contestación ni información clara sobre el estado del trámite, lo que está generando una profunda desesperación en la familia", lamenta María Jesús.
“Solo queremos que cumpla su condena en España, cerca de sus hijos”, explica. “No pedimos la libertad, pedimos humanidad”.
El silencio administrativo está haciendo mella en su familia: “En España le esperan sus dos hijos pequeños, que apenas pueden verle debido a la distancia, la duración del viaje y el elevado coste económico que supone desplazarse hasta Marruecos”.
La falta de respuestas y la prolongada espera están afectando gravemente tanto a G. G. R. como a su familia, especialmente a sus hijos, "que están creciendo lejos de su padre", añade María Jesús.
La única petición de María Jesús, y de todas las familias afectadas es: "que se agilicen los trámites necesarios para que pueda cumplir su condena en España".
Marina vive una situación parecida. Su marido, J. R. G., de 38 años, lleva un año y medio preso en Tetuán con una condena de diez años. “No podemos avanzar porque el fiscal de Berrechid, donde lo condenaron, no quiere firmar el traslado”, denuncia.
Cuenta que los primeros meses en la prisión de Berrechid fueron un tormento. “Durmiendo en el suelo, entre ratas y cucarachas, sin poder comer porque la comida era incomible”, recuerda con impotencia.
María José relata que su marido, R. M. C., lleva 33 meses en prisión en Marruecos. Los primeros 14 meses los pasó en Kenitra, donde las condiciones eran extremadamente duras, antes de ser trasladado a Tetuán, donde continúa cumpliendo su condena de 8 años.
La familia lleva un año esperando respuesta de aduanas para su traslado, pero hasta ahora no han recibido información clara: “nunca recibimos respuesta de nada, nosotros estamos desesperados y él más todavía”, explica María José.
La ausencia de comunicación y la lentitud administrativa generan un estrés constante en la familia, que ve cómo la distancia física dificulta las visitas y el acompañamiento emocional de su esposo.
Para María José, la prioridad es que R. M. C. pueda cumplir su condena cerca de su familia y en condiciones dignas, sin que la burocracia prolongue innecesariamente su sufrimiento.
Eva se enfrenta a una situación especialmente complicada, ya que tiene a su padre, J. V. A., y a su hermano, A. M. D. M., encarcelados en Marruecos.
Ambos fueron condenados a 6 años "por una embarcación vacía", afirma Eva. Inicialmente estuvieron en Nador, y después de un año y ocho meses, fueron trasladados a Tánger Local 2, donde permanecen actualmente.
Eva denuncia que el consulado no facilita soluciones respecto a la multa de aduanas impuesta a su padre: “en el caso de mi padre tiene una multa de aduanas que ni en 10 vidas puedo pagarle, es algo inhumano”.
Describe además las pésimas condiciones en las que viven: "duermen en el suelo, comen mal" y están hacinados en celdas con más de diez personas, “lleno de bichos, todo en mal estado”.
Respecto a su hermano, J. V. A. es su padre de acogida, y Eva afirma que, por "no tener familia de apellido", “no le dejan tener derecho ni a una llamada”, y critica que la respuesta del consulado español sea que cumpla la condena completa en Marruecos.
Con este medio también ha contactado Sara, la pareja de A. M. D. M., que ha querido denunciar que, al no estar casados "no tiene derecho a visitas". "Tampoco pueden visitarlo su madre ni sus hermanos de acogida por no llevar los mismos apellidos", lamenta quien es su pareja.
A. M. D. M. no puede tener contacto presencial con su familia "por una cuestión meramente administrativa", recalca Sara. Además, su pareja está muy preocupada por el estado de salud de A. M. D. M., que afirma padece un trombo en el brazo y necesita revisiones médicas en España.
A pesar de haber enviado informes médicos al consulado, Sara afirma que "no se autoriza su traslado ni se garantiza una atención adecuada".
Para Eva y Sara, esta situación refleja la falta de apoyo institucional y aumenta la desesperación de las familias, que hacen todo lo posible para que sus seres queridos puedan trasladarse a España.
Anabel cuenta una de las historia más duras: la de su hermano, A. M. C. P. Fue detenido en marzo de 2025 en Alhucemas junto a otro ciudadano español.
El hermano de Anabel fue condenado a 5 años de prisión y pasó aproximadamente cinco meses en la prisión de Alhucemas antes de ser trasladado a Tetuán.
Desde el inicio, su familia quedó completamente desorientada: “No teníamos información, no sabíamos cómo estaba ni en qué condiciones se encontraba”.
Durante los primeros meses fue imposible mantener contacto con él, hasta que tras insistir mucho lograron comunicarse mediante el consulado.
Anabel describe la situación de su hermano como crítica: “Está hundido. Está solo, lejos de su país, lejos de su madre, de sus hermanos. Ha intentado quitarse la vida. Le han robado la poca ropa y pertenencias que tenía”.
La familia no busca que se le perdone la condena, sino que pueda cumplirla cerca de los suyos. Anabel explica que han contratado un abogado para ayudar con la traducción de documentos, a un coste de 400 euros, una cantidad difícil de asumir para ellos.
Su lucha es por humanidad, estabilidad emocional y la posibilidad de mantener el vínculo familiar durante el cumplimiento de la pena: “Solo somos una familia humilde que quiere que su hijo, su hermano, no se sienta abandonado en otro país”.
El marido de Victoria, J. P. L. de Chipiona, lleva dos años y nueve meses encarcelado en Marruecos, donde cumple una condena de ocho años. No tienen bienes ni recursos. Solo la espera.
Actualmente, su marido se encuentra en Tánger, pero durante catorce meses, J. P. L. estuvo en la prisión de Kenitra. Allí, su mujer asegura, vivió “lo que solo puedo describir como su peor infierno”. Habla de “picaduras constantes de insectos, condiciones higiénicas muy deficientes y un deterioro psicológico extremo” que fueron minando su salud día tras día.
El episodio más grave llegó con “un ataque de ansiedad tan grave que perdió el conocimiento”. Fueron sus tres compañeros españoles quienes, golpeando la puerta con desesperación, lograron que recibiera atención. “Solo así pudieron auxiliarlo”, recuerda.
Según su testimonio, “los propios funcionarios llegaban a negarse a acercarse o a atender a los presos y a sus familias por miedo a contagiarse”, afirma Victoria sobre de las condiciones sanitarias. Durante ese tiempo también presenció fallecimientos de internos, experiencias que dejaron en él una “profunda huella emocional y psicológica”.
Su hija, confiesa Victoria, que tenía ocho años cuando detuvieron a su padre, hoy con once, “está creciendo sin él”.
“Las condenas privan de libertad, pero no deberían despojar a una persona de su dignidad”, denuncia Virginia a este medio.
“No pedimos impunidad. No pedimos su libertad”, insiste. “Sabemos que debe cumplir su condena… Lo único que exigimos es que pueda hacerlo con dignidad en España, junto a su familia”.
Sebastián, vecino de Huelva, también se ha sumado a este grupo de familias que reclaman el traslado de sus seres queridos a cárceles españolas. La situación afecta a su hermano J. F. M. M., que fue condenado a 10 años de prisión en Berrechid y que actualmente se encuentra cumpliendo la pena en la prisión de Tetuán. Según explica, su hermano lleva casi dos años encarcelado en Marruecos.
La principal preocupación de la familia está relacionada con su estado de salud. Sebastián asegura que su hermano necesita tratamiento médico, pero denuncia que no lo está recibiendo en condiciones adecuadas dentro del centro penitenciario.
“Necesita atención médica y su tratamiento no se lo dan adecuadamente”, lamenta, una situación que incrementa la angustia de la familia al encontrarse lejos y con pocas posibilidades de ayudar directamente.
“Solo se pide el traslado a España para cumplir su condena aquí”, explica, confiando en que el traslado permitiría a J. F. M. M. continuar cumpliendo su pena con acceso a mejores condiciones de atención sanitaria.
Estas familias, unidas por el dolor y la distancia, insisten en que no reclaman impunidad, sino dignidad. Todas coinciden en que sus seres queridos deben cumplir su pena, pero en condiciones humanas y con la posibilidad de ver a sus familias.
Mientras esperan la firma de un fiscal que parece no llegar nunca, siguen luchando desde la orilla española del Estrecho, compartiendo esperanza, desesperación y un mismo mensaje: “No buscamos excusas. Buscamos humanidad.”
Las familias están dispuestas a hacer todo lo necesario para poder ayudar a sus seres queridos a ser trasladados a territorio español. Además, tienen planeado hacer un vídeo conjunto en el que poder contar al mundo sus historias con la esperanza de agilizar los trámites.
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