El tribunal de la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta dejó visto para sentencia un juicio por el que se acusa a los llamados A.C. y C.S. de un delito de estafa y falsificación de documentos. Esta causa lleva abierta desde el año 2009, tras la crisis de la construcción. En la misma se dirimió si los acusados falsificaron la firma del administrador de Construcciones Jomasa para aprovecharse y cobrar 8 letras de cambio.
Tras escuchar las distintas versiones, el Ministerio Fiscal solicitó la pena de prisión de 1 año y 6 meses para cada acusado, así como una multa de 12 meses a razón de 10 euros diarios. Así como que entre los dos acusados hagan frente al pago de 91.863,65 euros a modo de responsabilidad civil. La Defensa, abogado de Unicaja y de Carpinteros Reunidos de Maracena, pidió la libre absolución de sus representados y que solo hicieran frente al pago de la deuda.
Los hechos a los que se ha hecho referencia en esta vista judicial ocurrieron hace más de 10 años. La víctima, que fue la primera en declarar, testificó que se enteró de que habían falsificado su firma cuando Unicaja le mandó un burofax para que hiciera frente al pago de las letras.
Aseguró, una y otra vez, que él nunca liberó esas letras de cambios, ni nadie de su empresa lo firmó ya que solo se ocupaba él de esas acciones, aunque su hijo rezara también como administrador solidario. Contó que se hizo una cuenta en Unicaja, aunque siempre fue de BBVA, porque le indicaron que se la abriera ya que había sido la que financiaba unas obras en el Recinto. Él aceptó, aunque reconoció que se arrepiente de esa acción porque entiende que todo estaba orquestado para aprovecharse de su dinero.
Asimismo, aseguró que uno de los acusados llamó al denunciante porque tenía una necesidad urgente de dinero y él le ayudó. Además, siendo “benévolo”, como admitió la Fiscalía, el denunciante explicó que estaba convencido de que le pidió ese dinero para hacer frente a las deudas de la letra de cambio pero que llegaron otras deudas con otras constructoras y ya no pudo hacer frente a ese pago y fue cuando “se descubrió todo”.
En ese punto, también testificó el acusado que indicó una versión muy similar a la de la víctima. Eso sí, reflejó que era una tónica habitual, pero que en ningún caso falsificó su firma para aprovecharse y cobrar distintas letras de cambio. En la prueba se aseguró que la firma no era la del denunciante, aunque nunca se pidió que pasara por eso ninguno de los acusados, algo que utilizó la Defensa.
Asimismo, la otra acusada, mujer del primero, afirmó que era la administradora de Carpinteros Reunidos de Maracena pero que no desempeñaba las acciones como tal, ya que aseguró que era su marido el que se dedicaba a realizar las distintas gestiones, y que ella en algún momento ha firmado algún pagarés cuando su pareja se encontraba de viaje.
Los demás testigos propuestos y trabajadores de Unicaja, en estos momentos o cuando ocurrieron los hechos, poco pudieron esclarecer sobre la causa. Simplemente se limitaron a explicar que ellos en ningún momento tuvieron conocimiento que esas firmas fueran falsificadas, y que por lo tanto exigían el cobro pero no tenían por qué tener que avisar al dueño del número de cuenta. Una versión que se contradice con la propuesta por la Acusación y que era trabajador del BBVA, que afirma que a la más mínima sospecha de que proviene de otro banco se debe comunicar al cliente antes de realizar cualquier acción.
