El concurso convocado por la Ciudad Autónoma a finales de noviembre para externalizar en cualquier punto de España la acogida integral de parte de los menores extranjeros no acompañados que actualmente tutela en Ceuta ha vuelto a quedar desierto. Es la segunda vez que pasa en apenas tres años.
Esta vez el Ejecutivo local licitó el servicio para 100 niños migrantes solos en cinco lotes por un máximo de 77,2 euros al día por plaza ocupada con un presupuesto total de 11,1 millones durante hasta 4 años
En primavera de 2019 se hizo lo mismo para adjudicar el acogimiento de 60 jóvenes en cuatro lotes de quince plazas cada uno durante un plazo de seis meses (prorrogable) y un importe de 79,14 euros por menor migrante albergado y día.
Entonces la Fundación SAMU sí se postuló a la licitación, aunque finalmente no pudo acreditar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos. Ahora no se ha presentado ninguna licitadora, según indicaron ayer fuentes del Ejecutivo local.
La razón no se atribuye tanto a que el presupuesto máximo establecido en los pliegos sea demasiado bajo como para que el contrato resulte atractivo o de ejecución viable, sino a la falta de inmuebles certificados por las Comunidades Autónomas para la prestación de ese tipo de servicios. “Las regiones limitan las certificaciones a sus propias necesidades”, apuntaron especialistas en la materia.
La propia Ceuta arrastra, en realidad, el mismo problema. La Ciudad cerró hace diez años, cuando el fenómeno de la migración infanto-juvenil desde Marruecos no se había multiplicado exponencialmente como sucedió hace cinco años, las instalaciones de San Antonio en las que había improvisado un Centro de acogida de Menores.
Entonces se trasladó a 90 al albergue para personas sin techo de Hadú, donde se dijo que no permanecerían ni un año. Allí siguen, aunque las condiciones son muy mejorables, con dos plantas inutilizables.
Tras la crisis de mayo se articularon nuevas soluciones de emergencia como la de Piniers, que se sigue usando, y la construcción de un equipamiento desde cero solo está en fase de redacción todavía. La Iglesia y el Estado siempre han dado calabazas cuando se les ha pedido algún edificio con esa finalidad.
Así las cosas, pese a la reducción del número de acogidos, que se encuentra en cifras ligeramente por encima de 200, números desconocidos desde hace más de un lustro, la capacidad real del Centro de Realojo Temporal de La Esperanza (88 plazas ampliables a 132 solo en momentos puntuales) sigue sin alcanzar para las necesidades existentes.
Por tanto, la Ciudad sigue necesitando apoyo “externo”. Se lo ha ofrecido, económico y también en forma de plazas, el Ministerio de Derechos Sociales y la inmensa mayoría de las autonomías, que solo durante los últimos 18 meses han recibido a 180 niños derivados por el Área de Menores.
El que faltaba para completar la reducción del número de desamparados a los números pactados en la Conferencia Sectorial se iba a intentar externalizar por “la inexcusable obligación de proporcionar atención a estos jóvenes por imperativo legal y de velar por su interés superior garantizando el adecuado ejercicio de su guarda”. Después del segundo concurso fallido la Ciudad podría optar por un negociado con el mismo propósito.
La Ciudad Autónoma tiene actualmente en fase de redacción de proyecto el nuevo Centro de Menores que, con financiación europea, va a construir sobre el solar de la antigua prisión de Los Rosales. Con un presupuesto de 6,3 millones de euros, la construcción del Centro de Alojamiento Temporal ‘Ceuta Siglo XXI’ permitiría a la administración local contar por fin con un inmueble concebido desde cero para ofrecer “una adecuada atención, formación e integración social” a los niños migrantes solos que tutela la Ciudad, aunque no solamente a estos. La idea de partida es que cuente con 125 plazas. La programación demorará su término previsiblemente hasta 2025 para la ejecución de cimentación, estructura, cerramiento, equipamiento y puesta en funcionamiento.
Las licitadoras que se presentasen al último concurso (ninguna lo ha hecho) debían poder ofrecer “una asistencia y tratamiento especializado a los menores” con “las atenciones de alojamiento, alimentación, vestuario, sanitarias (incluido el acompañamiento y cuidados en periodos en que tuvieran que estar hospitalizados), sociales, de formación, aprendizaje y psicopedagógicas que sean necesarias para el desarrollo integral del mismo, todo ello en un entorno seguro análogo al hogar familiar posibilitando su integración social y laboral y adaptación psicosocial”.
Tras la salida hacia la península, ayer, de los últimos 38 niños incluidos en el acuerdo de derivación a la península para 2022 y 2023 articulado de forma voluntaria y solidaria por el Ministerio de Derechos Sociales con las CCAA, la Ciudad mantiene bajo su tutela a un total de 205 menores extranjeros no acompañados, la mayoría de Marruecos, pero también de Túnez, Sudán, Chad, Senegal y la República de Guinea.
En marzo de 2020, justo antes de la declaración de la pandemia, la Ciudad llegó a tener bajo su responsabilidad a 590 menores. Ese ejercicio se cerró todavía con 331 y la crisis de mayo desbordó todos los registros históricos.
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