EFE
La polémica en torno al uso del velo islámico vuelve a abrir un debate sobre la libertad religiosa y los derechos fundamentales en España, con escenarios muy distintos en función del lugar. Mientras en Logroño una estudiante de 17 años denuncia haber sido expulsada de clase por llevar hiyab, en Ceuta la cuestión se ha abordado en la Asamblea.
La mayoría de los partidos políticos de la ciudad autónoma defendieron públicamente su uso en los espacios públicos, reivindicándolo incluso como un símbolo de empoderamiento femenino y pluralidad cultural.
En el Instituto Sagasta de Logroño, esta joven que cursa primero de Bachillerato Internacional asegura haber vivido una experiencia humillante: el pasado 15 de septiembre fue apartada de clase por negarse a retirarse el velo.
Desde entonces, ha tenido que acudir cada día sin él para poder asistir a las aulas. Su situación, dice, es injusta porque en el reglamento del centro no figura ninguna prohibición específica sobre el hiyab, aunque sí se limita el uso de gorras, capuchas o gorros dentro del edificio.
La alumna, que ha presentado más de 11.000 firmas en la Consejería de Educación de La Rioja y ha iniciado una campaña en plataformas digitales, defiende que la Constitución protege su derecho a la libertad religiosa y de expresión. “Esto no es laicidad, España es democrática y tiene una Constitución que hay que cumplir”, afirmó en declaraciones públicas. Asegura además que lleva el velo por decisión propia y que considera humillante que se le obligue a retirarlo.
En contraste, el debate en Ceuta ha seguido un camino muy distinto. En un reciente pleno de la Asamblea, una propuesta del MDyC instó a la institución a posicionarse de forma clara frente a cualquier intento de prohibir el uso del hiyab y otros símbolos religiosos en espacios públicos.
Su portavoz, Fatima Hamed, defendió que “no estamos hablando de un trozo de tela, sino de un símbolo de empoderamiento femenino, que representa pluralidad y libertad”.
La iniciativa recibió el respaldo de la mayoría de las formaciones políticas, incluido el PP, que subrayó que defiende la libertad de conciencia, ideológica y religiosa sin fisuras. También el PSOE apoyó la medida, considerando que “no podemos tolerar que en 2025 siga habiendo discriminación en centros educativos por el uso del hiyab”.
La sesión, sin embargo, también evidenció posturas críticas. Vox calificó el velo como “una raíz machista” y acusó a los promotores de la iniciativa de utilizar el debate con fines políticos. Pese a estas discrepancias, el resultado fue un pronunciamiento mayoritario de la Asamblea en favor de la libertad de las mujeres para decidir cómo vestir en el espacio público.
Este contraste entre lo sucedido en Logroño y la posición adoptada en Ceuta pone de relieve las diferencias territoriales en la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales. Mientras una adolescente se siente obligada a renunciar a su identidad religiosa para poder continuar sus estudios, en la ciudad autónoma se reivindica el hiyab como parte de la multiculturalidad que caracteriza su sociedad.
Para los colectivos que defienden la inclusión, la situación de Logroño refleja la necesidad de un posicionamiento claro y homogéneo a nivel estatal que evite contradicciones entre comunidades autónomas y centros educativos.
Por su parte, en Ceuta, la defensa del hiyab se interpreta como un avance en el reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa de una ciudad en la que conviven distintas confesiones y tradiciones.
El debate sigue abierto en toda España, pero los dos escenarios muestran la brecha existente entre realidades distintas: la de quienes sufren la imposición de retirarse el velo en entornos educativos y la de quienes cuentan con instituciones que lo reconocen como símbolo legítimo de identidad y libertad.
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