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La exigencia de 25 horas lectivas efectivas irrita en algunos colegios

La Inspección exige este curso que los apoyos se cumplan con atención a la diversidad individual

Los maestros de Ceuta deben, de acuerdo con la normativa vigente desde hace casi 30 años, dedicar cada semana a “actividades lectivas” un total de 25 horas por semana (períodos de recreo vigilado incluidos).

En algunas autonomías ya se ha reducido a 23 o se está en ello, pero no en el ‘territorio MEFP’, donde los docentes de Primaria han visto cómo este curso se exige su cumplimiento de verdad, dedicando las 8 de apoyos o guardias a atención a la diversidad, con refuerzos a estudiantes con nombre y apellidos necesitados de refuerzo a los que hay que hacer, además, un seguimiento de sus avances.

Según las fuentes consultadas por este periódico, la aplicación de esa consigna de manera más o menos estricta por la Dirección de cada colegio ha generado “malestar y estrés” en algunos docentes por la acumulación de carga burocrática para dar cuenta de su labor en la exigencia de “25 sobre 25 horas literales con apoyos normales y a alumnado con trastornos del espectro autista (TEA)”.

En Ceuta siguen exigiendo 25 horas de "actividades lectivas" a los maestros

Además del horario lectivo, los maestros tienen que dedicar 5 horas semanales en el centro a la realización, entre otras, de actividades como entrevistas con padres, asistencia a reuniones de los equipos de ciclo o la programación de la actividad del aula y realización de actividades extraescolares y complementarias.

Algunas regiones como la Comunidad Valenciana, La Rioja y Euskadi ya han reducido a 23 horas semanas el horario lectivo docente este curso, tal y como “recomendó” hacer el Gobierno central en 2019. En Castilla y León, y Cataluña se ha situado ya en 24.

“Menos horas lectivas propician una atención más individualizada al alumnado: impartir docencia a menos grupos y tener más tiempo para preparar las clases y las demás tareas de coordinación y burocráticas encomendadas al profesorado acaba redundando en una atención educativa de mayor calidad”, reza el argumentario de quienes demandan su reducción.

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