El
Consejo de Europa insta a España a revisar la cooperación con
Marruecos en el control de las fronteras de Ceuta y
Melilla y a que suspenda toda actividad común que conduzca a violaciones de derechos humanos. Exige al Gobierno que dé instrucciones a las fuerzas del orden para que actúen respetando los estándares internacionales de
derechos humanos cuando detengan inmigrantes en las
fronteras de ambas ciudades, y eso incluye "una prohibición explícita" y con carácter inmediato de las expulsiones. En un informe publicado este miércoles sobre la visita que hizo a España en noviembre, y que incluyó en particular una etapa en Melilla, la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, se muestra particularmente dura en su diagnóstico de los hechos y reclama cambios radicales en la
gestión de la inmigración, en especial en esa ciudad autónoma y en Ceuta. Insiste en que España tiene "la obligación absoluta" de garantizar que cualquier persona que haya estado bajo su jurisdicción, una vez que es expulsada no sea maltratada, torturada ni su vida puesta en peligro. Y eso aunque haya intentado cruzar la frontera saltando la valla o infringiendo los cauces de entrada regular en el territorio español. La comisaria, que se refiere de forma repetida a los hechos del 24 de junio en los que
murieron al menos 23 inmigrantes, varios cientos resultaron heridos y algunos se dan por desaparecidos, asegura que hay "informes consistentes que prueban que Marruecos utilizó contra ellos la violencia, que fueron sometidos a graves maltratos y que las autoridades españolas lo saben o deberían saberlo".
En la crisis de mayo, unos 6.000 inmigrantes fueron expulsados inmediatamente
También alude al episodio de la entrada masiva desde Marruecos de más de 12.000 personas en Ceuta del 17 al 19 de mayo de 2021, 6.000 de los cuales fueron inmediatamente expulsados. La responsable de los derechos humanos del Consejo de Europa muestra su preocupación porque, pese a que ya había escrito al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para
pedirle un examen de la cooperación con Marruecos "para prevenir futuras tragedias", considera que "no se han dado pasos concretos". Aunque dice entender que España afronta con frecuencia "situaciones complejas" en la gestión de la inmigración dada la situación geográfica de Ceuta y Melilla y los flujos en dirección de Europa y estima que es urgente mejorar la solidaridad entre los Estados europeos, para España "es imperativo" que proteja los derechos de los refugiados, inmigrantes y demandantes de asilo.
Fin a las expulsiones en caliente
Insiste en que "las expulsiones en caliente tienen que cesar" y se tienen que sustituir por "una práctica que haga compatible el control de fronteras y los derechos humanos". Porque aunque es legítimo cooperar con otros países para garantizar ese control, "eso se tiene que hacer respetando completamente todos los estándares internacionales aplicables sobre los derechos humanos". Además, subraya la importancia de que ese control de fronteras se haga con transparencia y rindiendo cuentas, lo que implica hacer una evaluación de las consecuencias de esa cooperación.
Demandantes de asilo
Mijatovic considera que, si se mejoraran los canales para presentar demandas de asilo en consulados y embajadas, y muy en particular facilitando el acceso para que los interesados en hacerlo llegaran hasta las oficinas que España tiene en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla, eso podría reducir las tentativas de cruce irregular de la valla. Entre otras cosas porque, por ejemplo, en su informe deja constancia, a partir de la conversación que tuvo con el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, la mayor parte de las demandas que se registraron en el puesto de Beni Enzar, en Melilla, eran de personas que habían llegado a España de forma irregular. En su respuesta al informe de la comisaria, el Gobierno de España hace algunas puntualizaciones, entre otras que las expulsiones en caliente no han sido censuradas ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ni por el Tribunal Constitucional cuando las han tenido que abordar. También pone de relevancia que tanto el Defensor del Pueblo como la Fiscalía cerraron las investigaciones que habían lanzado sobre el salto de la valla de Melilla del 24 de junio. Y sobre todo, que el Ministerio Público la cerró porque llegó a la conclusión de que no había nada qué reprochar a las fuerzas del orden.
Interior apostilla que ya respeta los derechos humanos en las fronteras
El Ministerio del Interior ha asegurado que el Gobierno "no va a incumplir su obligación de proteger sus fronteras, que son las fronteras de Europa, frente a asaltos violentos", y "no renuncia" a hacerlo como lo ha hecho hasta ahora: con respeto a los derechos humanos y a las leyes nacionales e internacionales. Fuentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska han indicado que así ha respondido al Consejo de Europa, que ha instado a España a revisar la cooperación con Marruecos en el control de las fronteras y a que suspenda toda actividad común que conduzca a violaciones de derechos humanos. Tras esa petición, el Ministerio insiste en que protegerá como ha hecho hasta ahora las fronteras, con respeto a la legislación y a los derechos humanos, tal como "han concluido las investigaciones exhaustivas" llevadas a cabo sobre los hechos que tuvieron lugar en Melilla. Y añaden las fuentes que la cooperación activa con los países de origen y tránsito y la lucha contra las mafias que trafican con personas "han demostrado ser las herramientas idóneas no solo para la gestión de los flujos migratorios, sino también para la prevención de vulneraciones de derechos humanos y de pérdida de vidas". "La situación actual en las diferentes rutas de llegadas irregulares a Europa así lo corrobora", apostillan las fuentes. Interior cree también que no se debe confundir el asalto violento a una frontera europea con el acceso a la protección internacional, y subraya que España "es un país garantista" en este ámbito. Para apuntalar esa afirmación, las fuentes recuerdan las 118.842 solicitudes de asilo que se registraron y tramitaron en España el año pasado, a lo que habría que sumar las más de 160.000 protecciones temporales concedidas a personas procedentes de la guerra en Ucrania.