Una vez más ha sido Europa la que ha tenido que salir en defensa de los derechos de los trabajadores de la Guardia Civil. Una actitud que para AUGC no deja en un buen lugar a nuestro Ejecutivo y la lleva a lamentar la falta de respeto por parte del Gobierno de España a la seguridad laboral de los trabajadores públicos que tienen como cometido velar por que se cumplan las normas y se respeten los derechos de todos.
Y no se puede alegar ni desconocimiento, ni falta de presupuesto o de tiempo para acometer el cumplimiento de la normativa europea. La condena del Tribunal de Justicia Europeo está fechada en 2006. Siete años para que el Gobierno de España diera cumplimiento riguroso a la directriz de la Unión Europea. Ese año el Tribunal de Justicia Europeo condenó a nuestro país por incumplimiento de la Directiva de Seguridad e Higiene Laboral en la Guardia Civil, pero en todos estos años, ni el anterior Ejecutivo socialista, ni el actual del Partido Popular, han encontrado el momento oportuno para adaptare a esta normativa de obligado cumplimiento para los países miembros de la Unión Europea.
Esta dejadez nos obligará, ahora, a todos los españoles, vía impuestos, a sufragar la sanción económica que con toda seguridad nos impondrá el Tribunal. Además hay que tener en cuenta que no se trata solo de que España esté incumpliendo la Directiva, sino que nuestro país ha quebrantado también la Sentencia del año 2006. Este hecho llevará aparejado, de forma más que probable que, una Sanción por cada día/mes/año que España siga sin cumplir la Directiva Europea infringida.
AUGC considera que, ante este doble coste económico, se haga necesario que tanto la Dirección General y como el Ministerio del Interior aprovechen bien el tiempo que tienen por delante hasta la celebración del proceso judicial. Unos meses que deben servirles para poner en marcha cuantas medidas sean necesarias que cumplan, desde ya, la normativa que nos exige Europa. De esta forma, al menos los abogados del Estado, podrán alegar que ya se está cumpliendo y se evitará que la sanción económica sea mayor.
La Organización recuerda también que los pocos avances que han visto los trabajadores de la Guardia Civil en materia de Riesgos Laborales se han producido gracias a las denuncias que AUGC ha llevado a Europa tras comprobar como los responsables de nuestro país miraban para otro lado cuando se les exigía la aplicación de la normativa de PRL. Como la puesta en marcha de las Oficinas de Prevención de Riesgos Laborales que costó tres años de quejas de AUGC. Pero que no vieron la luz hasta que en 2012, a instancias de la Asociación, llegó un requerimiento de la Comunidad Europea. Al igual que este último tirón de orejas que llega también después de que AUGC hiciera llegar a la Comisión Europea que la Dirección General de la Guardia Civil cumplía la norma solo sobre el papel. Como es el hecho de que se haya buscado para estas oficinas a oficiales en lugar del personal con mejores conocimientos y titulaciones en materia de Riesgos Laborales.
Para AUGC, si la Guardia Civil no hubiera dilatado en el tiempo el cumplimiento de la normativa europea se habrían evitado situaciones laborales como la de la cárcel de la localidad de Ocaña, donde los agentes prestan servicio acompañados de ratas, el Consejo de la Guardia Civil no habría tenido que dedicar tanto tiempo a estudiar las innumerables quejas que le llegan por el incumplimiento de la normativa sobre Prevención de Riesgo Laborales y los representantes de AUGC ahora no estarían expedientados por reclamar dignidad y seguridad en su puesto de trabajo.
