EFE
La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) ha avalado las llamadas devoluciones en caliente realizadas tanto en las vallas de Ceuta como en la Melilla.
La decisión de los 17 magistrados que conforman esta sala, que se ha conocido este jueves, hacía referencia a las expulsiones de dos inmigrantes subsaharianos tras saltar la valla de Melilla en 2014, con el razonamiento de que "se pusieron ellos mismos en una situación de ilegalidad", al acceder "a lugares no autorizados" y "recurriendo a la fuerza".
El fallo a favor de España añade que los inmigrantes "decidieron no utilizar las entradas legales existentes que les permitieran acceder de modo regular al territorio español" y revoca de esta forma la sentencia condenatoria de la Sala de 2017 por "expulsión colectiva sin medida judicial previa".
El fallo, contra el que no cabe recurso y que esperaban con atención los gobiernos europeos, dice que Estrasburgo "no puede hacer responsable al Estado de la ausencia en Melilla de una vía de recurso legal que les hubiera permitido recurrir la expulsión". La ausencia de esa vía legal, añade, "no constituye por si misma una violación del artículo 13 del Convenio".
Recuerda el tribunal que los demandantes tuvieron la posibilidad "de disponer de un acceso real y efectivo al territorio español en el puesto fronterizo de Beni-Enzar", al igual que a las embajadas y consulados españoles.
El pronunciamiento de la Gran Sala del TEDH es opuesta a la sentencia emitida este mismo tribunal en octubre de 2017, cuando condenó a España por devolver a Marruecos a dos migrantes que saltaron la valla de Melilla el 13 de agosto de 2014.
Las conocidas como 'devoluciones en caliente' fueron regularizadas en el 2015 por el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la figura del 'rechazo frontera', que fue incluida en una disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza'. El PSOE, por su parte, mostró siempre su rechazo a las devoluciones, y las llevó al Tribunal Constitucional junto a otros grupos de la oposición.
Sin embargo, a su llegada a La Moncloa, el Gobierno socialista continuó realizando este tipo de devoluciones de migrantes a Marruecos, alegando que se hace "en cumplimiento de la legislación vigente". También optaron por mantener el recurso que había presentado el PP contra la condena del TEDH. En la vista celebrada el 26 de septiembre de 2018 para escuchar a las partes, el abogado del Estado Rafael León, nombrado por el Ejecutivo para representar a España, aseguró que “la no admisión de extranjeros no significa expulsión”.
Sobre este caso, de dos expulsiones de inmigrantes en la valla de Melilla, el tribunal consideró en un primer momento, en su sentencia de 2017, que se produjo una expulsión colectiva contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos. Por ello, condenó al Estado a indemnizar con 5.000 euros a cada demandante, representados por dos abogados colaboradores del Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR), Gonzalo Boyé y Carsten Gericke.
Pero esta condena del TEDH fue recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuyo argumentario consistió en hablar de 'rechazos en frontera' porque los migrantes que saltan la valla hispano-marroquí no pisan suelo español hasta que no sobrepasen a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que la custodian.
Tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Gobierno de España ha expresado que "respeta y acata", como hace con todas las resoluciones judiciales, la decisión. Así lo han transmitido a Efe fuentes del Ministerio del Interior.
Por su parte, la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha reaccionado inmediatamente al fallo, que en su opinión, debe implicar un cambio en la legislación en materia migratoria que clarifique "el protocolo de actuación de los agentes" frente a la entrada irregular de personas a España.
De esta forma, opina que hay que dotar de mayor garantía jurídica al trabajo de los guardias civiles, proteger las fronteras "eficazmente" garantizando al mismo tiempo los derechos humanos de los inmigrantes.
Además, la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) ha solicitado un nuevo protocolo de actuación "para garantizar la seguridad jurídica de los guardias civiles", que son, según han explicado en un comunicado, "los grandes sufridores de una normativa de difícil interpretación".
AEGC respeta todas las decisiones judiciales, "porque es nuestra obligación y porque no tendría sentido cuestionar decisiones judiciales que deben ser interpretadas por expertos en esta materia". Sin embargo, dicen, esta nueva sentencia debe servir para que el Ministro del Interior de las ordenes que considere oportunas para redactar un protocolo de actuación para evitar que se cuestionen las actuaciones de los guardias civiles y, por supuesto, garantizar la legitimidad de sus actuaciones.
La Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) ha recibido el fallo de Estrasburgo con "satisfacción" ya que "supone un espaldarazo a las actuaciones de los Guardias Civiles de Melilla y Ceuta en su lucha contra la inmigración ilegal".
APROGC lleva años "clamando en el desierto, contra viento y marea, defendiendo que las actuaciones de los guardias civiles son legales y por enésima vez los tribunales nos vuelven a dar la razón", dicen en un comunicado, donde piden que las ONGs pidan disculpas públicas.
"¿Qué nueva campaña de difamación van a dirigir las ONGs de turno contra los guardias civiles de Ceuta y Melilla?", se preguntan desde APROGC, que también se cuestiona por qué "otras organizaciones van a prestarse esta vez para bailarle el agua a quienes no hacen otra cosa que utilizar las subvenciones públicas para arremeter contra los Guardias Civiles".
APROGC recuerda que "todas y cada una de las causas judiciales seguidas contra los compañeros de Ceuta, Melilla y GRS han sido archivadas sistemáticamente". Añaden que "algunos continúan manoseando el buen nombre de la Guardia Civil haciendo una asquerosa utilización del problema de la inmigración según les conviene".
Añaden que "había quienes decían que la actuación de los compañeros en el Tarajal era indefendible y quienes se mofaban de la legalidad del rechazo en frontera tratando de datar la entrada de los inmigrantes en función de que hubiesen pisado o no suelo español".
Finalizan expresando su crítica porque "todos sabemos que nadie rectificará, nadie dimitirá, ni asumirá errores, ni pedirá disculpas. Pero nos queda el consuelo de poder felicitar, con más orgullo si cabe, a los hombres y mujeres que componen la Guardia Civil, a los desplegados en todo el territorio nacional y muy especialmente a los que han sido sometidos injustamente a procedimientos judiciales por su trabajo en las vallas de Ceuta y Melilla".
En cambio, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha comentado que "confía" en que el Tribunal Constitucional tumbe el procedimiento de devoluciones en caliente cuando le corresponda examinar los recursos contra la llamada Ley Mordaza, donde se regularizó este procedimiento de expulsión de inmigrantes.
Los principales directivos de CEAR han conocido esa sentencia a la salida de una reunión con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en Las Palmas de Gran Canaria para hablar sobre el repunte en la llegada de pateras y cayucos a las islas.
"Nos parece desalentador. Con todos los respetos a la Gran Sala, creemos que no han entendido nada de las cuestiones que planteábamos la parte demandante y también CEAR, que somos tercera parte en este procedimiento", ha manifestado a los periodistas la directora del Servicio Jurídico de esta ONG, Paloma Favieres.
"Cuestionar que estas personas podrían haber entrado por un puesto habilitado, cuando es sobradamente conocido que desde que se instalado las oficinas de seguridad de Ceuta y Melilla ninguna persona subsahariana ha podido acceder al puesto de seguridad de Melilla para realizar una solicitud de protección internacional, pues me parece desilusionante", ha señalado la letrada de CEAR.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Coordinadora Andaluza de ONGD, integrada por 72 entidades, rechazan frontalmente la sentencia del TEDH sobre las devoluciones en caliente y exigen a PSOE y Unidas Podemos que cumplan sus reiterados compromisos políticos de derogarlas, expresados incluso a través de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad frente al intento de legalizarlas mediante la Ley de Seguridad Ciudadana – más conocida como 'Ley Mordaza'- recurso que está aún pendiente de resolución.
El conjunto de entidades critica la sentencia pues la consideran contraria a los principios básicos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Así se desprendía, explican, de la sentencia de primera instancia del mismo caso, que consideró las devoluciones en caliente contrarias al Convenio Europeo de los Derechos Humanos, “por razones diametralmente opuestas a la resolución”.
Las organizaciones, que han mostrado su profunda sorpresa por la sentencia, la rechazan de manera absoluta y la tildan de “inaceptable”, ya que deja vacías de contenido cuestiones tan básicas en materia de derechos humanos como el derecho de asilo, el principio de no devolución o el acceso a un recurso efectivo frente a la expulsión, entre otras.
Por último, aseguran, la calidad de la democracia y del Estado de Derecho de un país se mide en el trato que se da a las personas vulnerables. El Gobierno español, añaden, tiene la oportunidad de rechazar el “atajo” que representa esta sentencia, apostando por una defensa explícita de la dignidad humana y la consideración de todas las personas como ciudadanas, sea cual sea la forma en la que entraron en territorio español y su situación administrativa.
En Amnistía Internacional, la portavoz de Refugio y Migración, Verónica Barroso, ha expresado que Estrasburgo ha sentado "un precedente muy negativo" porque ha negado el derecho de inmigrantes y refugiados a acceder a "un procedimiento individualizado de asilo y a un recurso efectivo".
Por su parte, desde Oxfam Intermón seguirán exigiendo la protección de los derechos humanos y del Derecho Internacional "en cualquier parte", para quienes "entran legalmente y para quienes se ven forzados a hacerlo sin papeles", por lo que instan al Gobierno a que respete el principio de no devolución, afirma la responsable de Migraciones, Eva Garzón. "La solución no es realizar devoluciones en caliente, sino facilitar vías legales y seguras", ha añadido.
Para la portavoz de Acnur en España, María Jesús Vega, la Agencia de la ONU para los refugiados trabajará con el Ejecutivo para establecer un mecanismo que permita conjugar el control de las fronteras que compete a los Estados con que las personas que llegan tengan acceso a un procedimiento de asilo en frontera que cumpla con estándares nacionales e internacionales.
Para Women's Link, se trata de una resolución "terrible que sienta un precedente nefasto para otros países europeos" y que va a tener un impacto específico en las mujeres migrantes, pues se van a devolver a presuntas víctimas de trata y solicitantes de asilo sin la oportunidad de ser identificadas o de solicitar protección.
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