Si realmente hay que buscar en la legislación promovida por el Partido Socialista, durante los años en que detentó el poder, alguna norma positiva, en mi opinión la única sería la Ley de Costas de 1988 que protegía toda la franja costera desde la pleamar hasta cien metros de la misma. La anarquía en la construcción de edificios cercanos al mar se paralizaba y se daba un respiro al medio ambiente costero .Solo hay que darse un paseo por cualquier costa de país europeo distinto al nuestro para ver con qué empeño hemos destrozado la nuestra. Esa ley de Costas era un remedio a nuestro empeño destructor. Pues bien, el Partido Popular obstinado en seguir la senda zapateríl en la destrucción de España, ahora elabora un Proyecto de Ley de Protección y uso sostenible del litoral en el que reduce la protección del litoral desde los cien metros hasta los veinte metros, por lo que prácticamente intenta legalizar todos los incumplimientos existentes y no habrá prohibición de edificar. Las playas además se abren para fiestas y otros eventos, en fin el dominio público de nuevo en venta.
En Andalucía, el partido Comunista junto al Socialista andaluz han aprobado un decreto Ley de Medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la Vivienda añadiendo los títulos VI y VII a la ley de 2010 de 18 de Febrero de 2010, “De los instrumentos administrativos para evitar la existencia de viviendas desahuciadas” y “ Del ejercicio de la potestad de inspección y de la potestad sancionadora” por el que crea un cuerpo de funcionarios para inspeccionar las viviendas vacías, justificando expropiaciones porque la Constitución Española “no tutela usos antisociales del derecho de propiedad”. El artículo 33 de la CE establece que la función social del derecho a la propiedad privada delimitará su contenido de acuerdo con las leyes y nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social. Por lo que será la Junta de Andalucía quien calibre la “utilidad pública o el interés social”, interpretando de una manera ciertamente radical la CE. Independientemente de la competencia de un gobierno regional para elaborar normas, que en mi opinión no debería tener, un decreto-ley no puede afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la CE, entre los que se encuentran el de reconocer el derecho a la propiedad privada, y solo por eso el Gobierno de la nación debería haber promovido inmediatamente un recurso de inconstitucionalidad, pero ya conocemos al registrador. Que un gobierno radical compuesto por comunistas y socialistas radicales llegue a esa norma soviética y demagógica puede entrar en lo esperado, pero que el partido Socialista Español quiera hacerla suya acogiéndola en su programa al considerarla “adecuada” y “razonable” nos hace retrotraernos a los tiempos del Gulag. Si además la portavoz del Consejo General del poder judicial extralimitándose en sus funciones, apoya la norma y el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la acoge “con interés” y la considera “novedosa” preparémonos para pasar mucho frío.
En Cataluña el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una vez más, dicta un auto ordenando la introducción de la lengua española, lengua oficial del Estado en la clase del alumno que lo pida, al que se oponen Generalidad, Parlamento regional y colegios. Independientemente de la barbaridad que supone el negar el conocimiento del español, una de las lenguas más importantes y habladas del mundo ¿Por qué no se cumplen las sentencias, autos, resoluciones de los Tribunales de Justicia? ¿A quién corresponde la ejecución de lo dictado? La CE en su artículo 117.3 dice:” El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales”. Ya es hora de que los citados Juzgados y Tribunales realicen la labor que la CE le encomienda y al Fiscal General que impulse la acción contra los que desobedezcan. Esta desobediencia tiene el apoyo del partido socialista de Cataluña. Ante las decisiones judiciales no se puede ser partidista, solo cabe el acatamiento y el cumplimiento del dictado de Jueces y Tribunales. Un país donde no se cumple lo emanado por la Justicia es un país destinado a desaparecer.
Mientras, el Gobierno del registrador, se empeña en vetar la inhabilitación de banqueros condenados en firme por delito penal por el Tribunal Supremo en lugar prohibir el ejercicio de su función, al aprobar un Decreto por el que modifica los requisitos de honorabilidad para ejercer la profesión de banquero. Antes se prohibía ser directivo o consejero de entidad financiera si se poseían antecedentes penales por delito doloso. El Banco de España estaba dispuesto a inhabilitar a los banqueros que se encontraran en esas condiciones, pero ahora debe valorar otras cuestiones como la trayectoria profesional, la gravedad de la pena, etc,.. De nuevo los poderes fácticos en marcha para salvar a uno de los suyos. Zapatero tampoco aplicó la sentencia del Supremo y posteriormente indultó al personaje en cuestión, indulto que el Tribunal Supremo anuló parcialmente. ¿Lo que se hace ahora no es una norma a la medida aun cuando se justifique por la adaptación de la norma a una Directiva comunitaria cuando el Banco de España iba a actuar? . En fin una nota más de la rapidez del registrador para salvar a España.
El artículo 30 de la CE señala que “todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España” , el atacar sus costas, el atacar la propiedad privada o el aceptar banqueros condenados en puestos que deben inspirar la máxima confianza de los ciudadanos son solo tres pinceladas de la situación española a la que nos conducen los partidos políticos mayoritarios y la actual Justicia que nos hace exclamar, mientras esperamos a una nueva Margaret Thatcher, recordando la frase de Asterix, aun cuando no tiene nada de cómico, “estos galos están locos”.
