El rastro de un animal de compañía, en concreto un perro, puede contar una historia mucho más compleja de lo que parece a simple vista, especialmente cuando ese rastro cruza el Estrecho de Gibraltar: de Estepona a Ceuta.
Todo comenzó una tarde de agosto, concretamente el día 19, cuando un aviso al 112 alertó a la Policía Local de Ceuta sobre la presencia de un can deambulando en solitario por la zona de Juan I de Portugal, tal y como publica este martes el BOE.
Lo que parecía un rescate rutinario por parte de los laceros municipales dio pie a un 'misterio' que se convirtió en el punto de partida de una investigación administrativa cuando, al pasar el lector de microchips, saltó una información inesperada: el animal estaba registrado en Estepona, Málaga.
Este dato, el del ‘perro de Estepona’, no es baladí. Abre una ventana a la movilidad de las mascotas en España y a la necesidad de una coordinación férrea entre bases de datos autonómicas.
El titular del animal se enfrenta ahora a un proceso que ha tenido que reiniciarse para ajustarse a la más estricta legalidad.
Se reactiva el caso tras la caducidad de un primer intento
Inicialmente, la Ciudad incoó un procedimiento sancionador en octubre de 2024, pero debido a la complejidad de los plazos y a la garantía de los derechos del administrado, se ha procedido a declarar la caducidad del primer intento para abrir uno nuevo, mucho más sólido, por presuntas infracciones graves.
Esta decisión de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales no debe leerse como un error de cálculo, sino como un ejercicio de transparencia y rigor jurídico. Al haber transcurrido más de tres meses sin una resolución expresa, la ley obliga a reiniciar el tablero para que el ciudadano pueda ejercer su derecho a defensa con todas las garantías.
El propietario del perro podría enfrentarse a un multa de 1.500 euros
En este nuevo escenario, el propietario del perro malagueño podría enfrentarse a una sanción de 1.502 euros. Las acusaciones son serias: no mantener al animal en condiciones higiénico-sanitarias adecuadas y no suministrarle la asistencia veterinaria necesaria, tal como marca el Reglamento 2/15 de la Ciudad Autónoma.
Potencialmente peligroso y sin vacunar pese a la alerta por rabia
Si el caso del perro de Estepona pone de relieve los retos de la identificación, el segundo caso de bienestar animal que recoge el BOE de este martes nos traslada a un terreno mucho más sensible: la seguridad pública y la sanidad animal en un enclave estratégico.
Bajo la lupa de la instructora se encuentra ahora un expediente que ilustra perfectamente el celo con el que la Ciudad vigila la tenencia de animales potencialmente peligrosos (PPP).
La investigación se originó tras la revisión de un expediente antiguo del año 2020. Aunque aquellas infracciones ya habían prescrito, los servicios veterinarios, en un ejercicio de responsabilidad preventiva, decidieron comprobar el estado actual del animal en la base de datos SIACE.
Los hallazgos fueron alarmantes. El propietario mantenía al animal sin la preceptiva licencia administrativa para perros potencialmente peligrosos.
Pero lo más crítico, dada la ubicación geográfica de Ceuta, era el estado de su inmunización. El animal carecía de una cobertura sanitaria válida contra la rabia desde septiembre de 2024. Es fundamental recordar que Ceuta activó a finales de 2025 el nivel de alerta 1 por rabia tras la detección de un caso positivo.
En este contexto, un animal sin vacunar no es solo una falta administrativa, es un riesgo grave para la salud pública que contraviene las medidas cautelares de la Ley de Sanidad Animal.
Cambios de titularidad bajo sospecha y el peso de la ley
La investigación ha revelado un patrón de comportamiento que ha llamado la atención de los instructores. El 15 de diciembre de 2025, el propietario recibió una citación oficial para poner los papeles en regla.
La reacción fue inmediata, pero quizá no de la forma esperada: solo un día después de la notificación, el 16 de diciembre, el perro fue vacunado de urgencia. Apenas dos días más tarde, el 18 de diciembre, se registró un cambio de titularidad del animal a nombre de otra persona.
Desde la Administración se ha sido muy claro al respecto: el cambio de nombre no borra la responsabilidad. El anterior propietario debe responder por el tiempo que el animal estuvo bajo su custodia sin licencia y sin vacunas.
Por ello, se ha propuesto una multa conjunta que asciende a los 5.604,06 euros. Esta cifra se desglosa en una infracción muy grave por falta de licencia (2.404,06 euros) y otra grave por incumplir las medidas cautelares en plena alerta por rabia (3.200 euros).
Este rigor sancionador responde a una necesidad geográfica y sanitaria. Ceuta, por su cercanía con Marruecos y su estatus de frontera exterior, no puede permitirse fisuras en sus protocolos de vacunación.
El traspaso de funciones del Estado a la Ciudad en materia de ganadería y sanidad animal, consolidado desde 1996, otorga a la Administración local la autoridad –y la enorme responsabilidad– de actuar como escudo sanitario.
Un sistema que busca la reinserción y la responsabilidad
A pesar de la contundencia de las cifras, el sistema está diseñado para fomentar el cumplimiento voluntario. En ambos expedientes –tanto en el del perro de Estepona como en el del can PPP–, la Ciudad ofrece reducciones de hasta el 20% en el importe de la multa si el infractor reconoce su responsabilidad y renuncia a recursos largos que solo entorpecen la gestión sanitaria.
El objetivo final de estas actuaciones, firmadas por la consejera Nabila Benzina, no es la recaudación, sino la concienciación. Que un perro acabe perdido en una zona residencial de Ceuta o que un animal potencialmente peligroso carezca de control veterinario durante más de un año son situaciones que el sistema busca erradicar mediante una vigilancia constante de las bases de datos y la actuación rápida ante las denuncias policiales.
La investigación concluye con un mensaje claro para los propietarios: el microchip es mucho más que un número; es un vínculo legal y sanitario que une al animal, al dueño y a la Administración en un compromiso por la seguridad de todos.
Ya sea en Estepona o en Ceuta, la protección animal no admite atajos, especialmente cuando la salud pública está en juego.
