Ese fue el titular que ofreció ayer Juan Luis Aróstegui, presidente del organismo que reúne a los delegados sindicales de los docentes ceutíes, para definir el estado en que se encontrará el sistema educativo local tras las medidas anunciadas por el Gobierno y cuyos emisarios vinieron a explicar a los docentes ceutíes el día anterior. Pese a todo, los sindicatos no anunciaron movilizaciones.
Desde los sindicatos realizaron un llamamiento de unión a los ciudadanos e instituciones de Ceuta para denunciar lo que estimaron una “declaración de guerra y enemistad abierta con los docentes de Ceuta”, señalando la elusión de los responsables del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte hacia las peticiones de los ceutíes. A saber: la horquilla de entre el 10% y el 15% de interinos que serán despedidos como consecuencia de la aplicación del aumento de horas lectivas en los centros. Estos despidos, explicó Aróstegui, se producirán acorde al grado de intensidad en que la medida sea desarrollada. “De los 300 interinos que hoy prestan servicio en Ceuta, entre 75 y 150 podrán verse sin trabajo a partir del curso próximo”, manifestó.
Además de advertir que el convenio educativo del ministerio con la Ciudad “casi desaparecerá” y de informar que la enseñanza concertada no “sufrirá en nada” los recortes anunciados, Aróstegui despachó los otros dos puntos por los que la visita de los representantes del Gobierno central no ha causado revuelo entre los representantes de los profesores. Está la inexistencia de construcción de centros educativos. “Es un asunto que reúne consenso entre los ceutíes pero que continúa sin cumplirse”, afirmó Aróstegui antes de referir unos datos aportados por la Delegación del Gobierno. “Son 126 aulas las que precisa la ciudad. Y no lo decimos únicamente nosotros”, apostilló el presidente de la Junta de Personal.
Tampoco ha sido oído por los rectores del dinero público el epígrafe del fracaso escolar, cuya tasa en Ceuta es notablemente superior a la de la media nacional y, subrayan desde la Junta de Personal, eso habría merecido una atención más dedicada. Además, recalcó, desaparecerán programas educativos, lo que, sumado en global, tendrá “consecuencias negativas en el alumnado y aumentará el fracaso escolar”, predijo Aróstegui.
La formación de docentes verá cambios “importantes” en septiembre
El director general de Evaluación y Cooperación Territorial, Xavier Gisbert, comunicó ayer a la plantilla del Centro de Profesores y Recursos (CPR) las intenciones de reformas del ministerio, entre los que figurarán, anunció Gisbert, “cambios importantes que afectarán al fondo y a la forma de la formación permanente del profesorado”, en la sede del CPR, que acogió una reunión entre los representantes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el personal del centro.
El director general mencionó los ejemplos de las gestiones llevadas a cabo en los centros de profesores de las comunidades de Castilla La Mancha y Madrid y conminó a los integrantes del CPR a que no desarrollaran nuevas actividades, toda vez que “en el mes de septiembre comenzará a desarrollarse el nuevo modelo de formación”, que será conocido a finales del presente curso.
La directora del CPR, María José Navarro, hizo entrega a Gisbert de un informe –cuyas líneas generales ha transmitido también verbalmente– sobre la trayectoria formativa del centro, para constatar que el objetivo que se plantea el ministerio, la formación de alumnos, es el que ha guiado a la institución desde hace años, informaron con una nota desde el propio CPR. Formación en centro, TIC, lenguas extranjeras, actualización humanística son algunas de las líneas que se acometerán desde desde el ministerio.
CCOO denuncia “irregularidades” en el pago de complementos de la Dirección Provincial
La Federación de Servicios a la Ciudadanía del sindicato CCOO denunció ayer la existencia de “irregularidades” y “beneficios” en los pagos de los complementos de productividad de la Dirección Provincial de Educación. Desde el sindicato informaron de que no todos los funcionarios dependientes de la institución gubernamental percibieron los mismos honorarios en concepto de tales complementos en el periodo transcurrido entre enero y abril del año en curso. Como argumento, CCOO mencionó la Ley de Presupuestos y la Ley de Funcionarios, en las cuantías por grupos y niveles, para defender que “todos los ministerios deberían abonar con igualdad, rotación y conforme regula la ley”, particular que no sucede en la institución educativa, denuncia el sindicato.
Tal como quedó reflejado en la nota remitida por la federación sindical, desde el mes de enero hasta la fecha habría habido diferencias de más de mil euros en razón de pago por complementos. De tal modo, la factura de abono del funcionario que más ha percibido en los últimos cuatro meses supera en 1.084 euros a los 17 funcionarios que prestan su servicio en siete centros educativos de la ciudad, que no habrían visto abonada cantidad alguna. Con objeto de evidenciar las diferencias existentes entre los grupos y niveles de funcionarios, la nota adjuntaba un anexo en la figuraban las cantidades en euros percibidas por los 28 integrantes del personal de la Delegación Provincial en la partida de complementos por productividad, cuya labor no se desarrolla en los centros: 900, 825, 800, 600, 590, 570, 390, 380 y 190 euros.
