El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta condenó a I.L.H. por un delito de blanqueo de capitales.
La acusada reconoció los hechos y aceptó la pena de 6 meses de prisión, así como el pago de una multa de 1.000 euros con 3 días de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
Además, deberá abonar la cantidad de 1.000 euros como responsabilidad civil. La acusada no entrará en prisión, se le suspende esa pena por un periodo de 2 años, siempre y cuando no vuelva a delinquir durante ese periodo y haga frente al pago de la responsabilidad civil.
La acción delictiva se enmarca en un delito de blanqueo de capitales y no de estafa, porque no tuvo un conocimiento expreso de la falsedad, pero sí era consciente de que el dinero que ingresaba en su número de cuenta venía precedido de un acto ilícito.
¿Qué es lo que ocurrió? Una persona no identificada, haciéndose pasar por la hija del denunciante, se puso en contacto con él a través de WhatsApp el día 10 de mayo de 2023, alegando que tenía problemas de liquidez y que necesitaba que le enviara dinero.
En consecuencia, la víctima realizó una transferencia bancaria por importe de 1.000 euros ese mismo día al número de cuenta, titular de la acusada, quien con animo de obtener un ilícito beneficio puso la cuenta a disposición del artífice del engaño.
La acusada no entrará en prisión siempre y cuando pague la responsabilidad civil
Este tipo de delito se ha puesto muy de moda en los últimos meses y es conocido como la estafa del ‘hijo en apuros’ ya que se le engaña al progenitor para que mande ese dinero para ayudar a su hijo. Una situación que ha llevado ya a muchas personas a sentarse en el banquillo de los acusados. Este lunes le tocó a esta mujer por incurrir en una acción delictiva que reconoció.
El acuerdo previo entre la Defensa y el Ministerio Fiscal evitó la celebración de la vista oral que estaba fijada para este lunes en la sala de lo Penal número 2 de nuestra ciudad. Además ese acuerdo le sirvió a la acusada para una importante reducción de la pena ya que en un principio el Ministerio Fiscal solicitaba hasta 3 años de prisión.
La ahora condenada deberá hacer frente al pago de la responsabilidad civil, ya que de no hacerlo tendría que cumplir la pena impuesta de 1 año de prisión.
