El secretario de Estado de
Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez, ha asegurado este martes al senador por Ceuta David Muñoz Arbona (PP) que el ministerio que lidera Yolanda Díaz “es consciente” de la problemática generada por el cambio introducido en el régimen de bonificaciones en las cuotas
empresariales a la
Seguridad Social implementado vía Real Decreto por el
Gobierno del PSOE y Podemos para sustituir el 50% vigente por 262 euros al mes. “El ministerio es consciente y tiene un diálogo abierto con Ceuta y
Melilla, por lo que en la ejecución de los
Planes Integrales de ambas ciudades se dará satisfacción a las peticiones que usted me traslada y que comparten otras partes de la sociedad”, ha indicado Pérez, que ha destacado el Real Decreto objeto de controversia salió “sin un solo voto en contra”. Según el 'número 2' de Trabajo, el objetivo de la
modificación introducida es hacer el sistema “más transparente” y “menos regresivo”, ya que con un porcentaje “se bonifica más a quien más cobra”. El político madrileño ha asegurado que tanto el año pasado como este su departamento ejecutará alrededor de 18 millones por ejercicio: cuatro para empleo de la mujer, 500.000 euros para víctimas de violencia de género, 2,7 para colectivos vulnerables, 2,5 para apoyo a emprendimiento y microempresas... Además, Pérez ha recordado que Díaz también ha adoptado el compromiso de dar protección en situaciones como las de desempleo a los trabajadores transfronterizos.
Muñoz Arbona ha llevado a la Cámara alta una reivindicación compartida por la patronal, los sindicatos, el Gobierno de la Ciudad, la Delegación y los grupos de la oposición. “Estamos muy alarmados por ese Real Decreto que entraría en vigor el 1 de septiembre si no se modifica antes, ya que perjudicará a muchas empresas y trabajadores”, ha alertado el parlamentario. El senador también ha advertido que el cambio del sistema iría especialmente en contra de la apuesta de la ciudad por una economía “verde, azul e inteligente” con sectores punteros atraídos por el Régimen Económico y Fiscal (REF) especial, sobre el que se cerniría inseguridad jurídica si se “mutila” uno de sus pilares.