El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez, y la directora general de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, Lucía Losoviz, se han comprometido este lunes en Madrid con el
consejero de Presidencia del Ejecutivo de Ceuta, Alberto Gaitán, y la jefa del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad, Toñi Palomo, a acelerar la derivación de
menores extranjeros no acompañados a la península. La administración local ya se hace cargo actualmente de 250, el doble de su capacidad máxima operativa incluso en coyunturas de crisis, por lo que a
la emergencia declarada a principios de febrero con el fin de trasladar a 78 al otro lado del Estrecho se sumará otra con el propósito de hacer lo mismo con otro medio centenar mirando por su interés superior. Los representantes del Ministerio de Juventud e Infancia han manifestado su “preocupación” por la situación actual y han adelantado que en los próximos días se va a convocar una Comisión Interministerial con la presencia del Ministerio de Hacienda para “destinar fondos y activar traslados de menores desde las zonas más tensionadas, como Canarias y Ceuta, a otras comunidades autónomas”. El Gobierno central también está abierto a buscar
nuevas fórmulas que permitan agilizar esas derivaciones a la vista del problema “estructural” que padece Ceuta en este ámbito. En lo que va de año y sobre todo desde principios de febrero se ha agravado al registrarse un incremento del 450% con respecto a las mismas fechas del año anterior y un exceso de en torno al 70% de menores sobre la cifra determinada de sobreocupación de los recursos disponibles.
Falta de infraestructuras
La falta de infraestructuras para responder a coyunturas especialmente adversas como la actual es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la Ciudad, que prevé construir un nuevo centro en Los Rosales. Tanto Defensa como el Obispado han negado siempre la cesión de infraestructuras cuando se les ha pedido ayuda y las instalaciones de
'La Esperanza' vuelven a estar colapsadas, por lo que incluso se ha barajado reabrir Piniers si el flujo de entradas irregulares de menores no se detiene. Pérez y Losoviz han detallado igualmente a Gaitán y Palomo los “avances” que vienen realizando de cara a posibilitar “una habilitación de nuevos programas de urgencia, al objeto de cerrarlo próximamente, así como destinar nuevas cantidades adicionales a la cifra de 35 millones que ya se dedicó a las comunidades y ciudades autónomas el pasado año” y que para este 2024 ya ha sido prorrogada pese a la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, Gaitán y Palomo también se han reunido con el director general de Migraciones, Carlos Mora, quien ha puesto de relieve la necesidad de trabajar en una nueva modificación del Reglamento que desarrolla la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, de lo que se dará traslado a la Ciudad para que pueda hacer aportaciones el texto definitivo.