El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no se olvidó de Ceuta y Melilla en el Real Decreto que reguló la concesión directa de subvencione a las autonomías para “financiar la prestación de una ayuda económica directa a las personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes”.
Según el Gobierno central, las dos ciudades no fueron incluidas porque el número de refugiados del país invadido por Rusia en ambas es “marginal” y los recursos de los que disponen los Ejecutivos regionales de Ceuta y Melilla, suficientes para hacer frente a la necesidad.
Según ha explicado ahora el Gobierno de Pedro Sánchez en una respuesta por escrito a una pregunta parlamentaria, “la asignación del gasto público en general, y de estas subvenciones en particular debe considerar aquellos criterios objetivos que garanticen la eficacia y eficiencia de las medidas públicas”.
“Siguiendo estos principios, en el momento de la elaboración de la norma, se optó por aplicar un criterio de reparto proporcional al número de personas de nacionalidad ucraniana empadronadas en los ayuntamientos de los municipios del territorio de cada posible entidad beneficiaria en el periodo del 1 de marzo al 31 de mayo de 2022”, ha precisado.
Aunque en Ceuta llegaron a ser casi diez los ucranianos refugiados, entre ellos una madre con tres hijos menores de edad que inicialmente se quedó sin cobertura de esas ayudas, el Estado alega que “el número de personas de nacionalidad ucraniana empadronadas en cada una de las ciudades autónomas fue tomado en consideración a la hora de hacer el cálculo de la posible distribución de las ayudas”.
“Sin embargo, y de acuerdo con los datos recabados por el Ministerio de Inclusión Seguridad Social y Migraciones del padrón municipal, el número de personas empadronas de nacionalidad ucraniana fue marginal: mientras que en Ceuta era cero, en Melilla el número ascendía a una única persona”, ha añadido.
Desde el punto de vista del ministerio “estas cifras, respecto del conjunto del ámbito de aplicación del Real Decreto, no permitían garantizar un mínimo suficiente de eficacia administrativa y la llegada de posibles personas destinatarias de las prestaciones dispuestas se valoró susceptible de ser gestionada adecuadamente con los recursos existentes en cada Ciudad Autónoma”, hilvana el escrito.
Tras conocerse la posición de vulnerabilidad en la que habían quedado algunos ucranianos, el Gobierno central artículo una protección paralela a través de la asociación ‘Andalucía Acoge’.
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