Los populares tenían otra opción con los PGE, acabar con el estado de bienestar y el bienestar del Estado, reduciéndolo a la mitad. Pero aplicar esta drástica solución choca frontalmente con los intereses de descentralización de las 17 carpantas regionales, y con partidas de gasto social que en algunas autonomías son, en gran medida, clientelistas.
Según el FMI las autonomías son responsables de las dos terceras partes del déficit, y sin embargo esto no les basta. Ahora, siete u ocho comunidades están a punto de acogerse al fondo de rescate.
Llamar al orden económico a las autonomías comienza por eliminar la concurrencia de administraciones superpuestas y exigir una coordinación efectiva de la administración estatal, autonómica, provincial y municipal.
Controlar el empleo en el sector público autonómico cuyo número es tal despropósito, que solo algo menos de la mitad se justifica por el traspaso de competencias. En los últimos diez años, mientras el sector público del Estado ha disminuido sus empresas, las comunidades autónomas las han incrementado en un 250 por ciento.
Actualmente el grado de descentralización del gasto público en las ruinosas CCAA es mayor en España que en cualquier Estado federal, sin embargo algunos estudios indican que al aplicar economías de escala saldría un 20% más barato si lo gestionase el Estado que con las 17 autonomías.
El actual modelo autonómico es ruinoso para los ciudadanos, que sufrimos los recortes sociales, los copagos y los aumentos de impuestos que son necesarios para reducir la asfixia financiera de las CCAA, que ellas mismas han provocado con sus despilfarros, sus duplicidades y su excesivo endeudamiento.
El último informe de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas señala que el apoyo al estado autonómico ha bajado 19 puntos en sólo cinco años, de 2005 a 2010, período en el que pasó de contar con una adhesión ciudadana del 74 por ciento al 55 por ciento.
Es urgente revisar la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA que ha vaciado a la Administración del Estado, quedándose como una administración residual que solo controla el 21% del gasto público.
Esta es la parte responsable del Gobierno nacional. Así que cuando piensen en recortes miren a las 17 carpantas regionales.
