Zapatero termina abaratando el despido después de que dos millones y medio de trabajadores hayan sido ya despedidos. Todavía podemos recordar las palabras del Presidente del Gobierno. Febrero-09: “A quienes piden un despido más fácil y más barato les digo: ¡que no, que no!”. Septiembre-09 “En una situación de crisis económica se pone a prueba la identidad, la fortaleza y las convicciones de un proyecto político. Y este Gobierno ha tenido que elegir y hemos elegido. Hemos dicho NO a abaratar el despido. Hemos dicho NO a reducir las prestaciones sociales”. Abril-09: “No aceptaré el chantaje de los que piden abaratar el despido”.
No hace mucho, Zapatero acusó a Rajoy de ser el portavoz político del abaratamiento del empleo, también dijo. Enero-10: “Abaratar el despido no es el camino para crear empleo y Mariano Rajoy es el portavoz político de esa teoría”.
Una vez más, se demuestra que Zapatero mintió a todos los españoles y acuso al Partido Popular de lo que él acabaría haciendo: recortar el sueldo de los funcionarios, congelar las pensiones y abaratar el despido. Renuncia a cumplir su promesa de consensuar la reforma laboral ya que dijo. “Mi compromiso es que las cosas de los trabajadores las dialogaré y las pactaré con los trabajadores y con los sindicatos” (febrero-08). “Vamos a hacer un gran acuerdo para salir de la crisis unidos trabajadores y empresarios” (mayo-09). “La reforma laboral, para ser eficaz, debe ser consensuada con el apoyo de empresarios y sindicatos” (mayo-10).
Zapatero acudió a puerta cerrada al Club privado Bildeberg, considerado la reunión de “los amos del mundo”, después de decir que “hemos sabido decir NO a los poderosos y a los que representan a algunos intereses”. Todo esto nos enseña que el Presidente del Gobierno tiene poca memoria histórica, aquello que tanto exige a los demás.
El Partido Popular propone que los objetivos de una reforma laboral eficaz para crear empleo deben ser: la lucha contra la dualidad en el mercado de trabajo con el objetivo de potenciar la contratación indefinida; mejorar la negociación colectiva; mejorar el sistema de educación profesional; permitir la colaboración público-privada de los servicios de empleo; luchar contra el absentismo laboral.
El Partido Popular plantea reducir en un 30% los gastos y subvenciones electorales. Propone disminuir en un 25% los gastos de mailing. Plantea rebajar en un 20% los gastos en publicidad exterior y limitarla a los quince días de campaña.
Cree necesario agilizar la labor de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Pedirá el apoyo de todas las fuerzas políticas.
En este sentido, el Partido Popular, asegura que “la delicada situación económica por la que atraviesa nuestro país requiere de serios ajustes para reducir la deuda y el déficit público y los partidos políticos, deben ser los primeros en dar ejemplo”.
“No se puede estar pidiendo sacrificios a los ciudadanos y que éstos vean que los partidos políticos gastan y gastan un dinero en publicidad, anuncios y propaganda, llenan las calles de nuestras ciudades de cartelería cuando el Gobierno está congelando las pensiones y rebajando el sueldo a los funcionarios”.
“Se puede gastar menos y gastar mejor”, hay que estudiar la formula de aprovechar las oportunidades que ofrecen tanto los nuevos soportes tecnológicos como las nuevas redes sociales, y potenciar los debates electorales en medios de comunicación para hacer llegar los mensajes de las fuerzas políticas a los hogares españoles. “Creo necesaria una reducción sustancial de los gastos electorales, mucho más cuando en una situación de crisis como la que atravesamos tenemos que hacer frente a cinco procesos electorales en menos de dos años”.
La iniciativa del Partido Popular plantea una reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, y por ello considera que tiene que acompañarse del máximo consenso.
En este sentido, el Partido Popular ha remitido una carta junto con el borrador de la propuesta al resto de partidos políticos.
“En los próximos días los populares se pondrán en contacto con los portavoces parlamentarios para tratar de llegar a un acuerdo”.
Finalmente, esta iniciativa no debe ser sólo para el ámbito estatal. “Esta propuesta no debería agotarse en el ámbito del Estado, sino extenderse a las Comunidades Autónomas, cuya legislación electoral debería ajustarse en igual sentido por idénticos motivos”.
