Lo que apenas hace un año se hilvanaba como un mero proceder para legitimar la carrera constituyente, ha acabado convirtiéndose en un duro traspiés para las fuerzas progresistas chilenas. Y es que, con una concurrencia electoral estimada de récord, el ‘rechazo’ se encaramó por encima del ‘apruebo’ por poco más o menos de veinticinco puntos porcentuales y únicamente fracasó en ocho de las trescientas cuarenta y seis comunas del estado.
De manera, que los vencedores aparecieron en las calles para celebrar la victoria contra el revanchismo y un pasaje constitucional refundacional que se resistía a la esencia misma de la República de Chile y al sentido común de sus habitantes. Luego, cabría preguntarse: ¿cómo una causa generada con un grado de apoyo como en pocas ocasiones contemplado en la historia nacional, finalizó desbaratándose?
Hay que recordar al respecto, que dicho proceso constitucional se inició el 15/XI/2019 y como consecuencia de un fuerte estallido social en el mes de octubre de ese mismo año, las principales fuerzas políticas alcanzaron un acuerdo y establecieron una agenda para la composición de una nueva Carta Magna. La primera piedra colocada se sustrajo de un plebiscito en el que un 78% emitió su papeleta para decir adiós a la Constitución actual desde la represión y encomendar el andamiaje del nuevo texto a una Convención Constitucional democráticamente electa. El producto no podía ser otro, no ya sólo en términos de la proporción de votantes, sino igualmente, por su asignación geográfica. El ‘rechazo’ a la nueva Constitución solamente dominó en cinco comunas, abarcando las tres icónicas donde se encuentra la elite económica nacional.
Y entretanto, no faltaron quienes se adelantaron en advertir que la suma de votos evidenciaba que Chile no rosaba la polarización entre izquierdas y derechas, sino que el auténtico armazón se sustraía del ‘pueblo versus elite’. El imaginario de un país indistinto en conflicto con la minoría selecta se definió en las reseñas dadas en las tres comunas, que, por otro lado, se tornó parte del vocabulario común en el discurso político.
Antes de comenzar a caminar la Convención Constitucional, las instituciones sociales progresistas en coalición con los partidos políticos, habían conseguido ciertos contextos específicos para su hechura.
Previamente, se determinó que el órgano constituyente sería partidario en género, con asignaciones para pueblos originarios y siempre en la misma línea con un sentimiento anti partidos de la congregación de 2019, con algunas simplicidades para las candidaturas independientes. Concretamente, se les proporcionó a los pretendientes no afiliados a partidos centralizarse en relaciones similares.
“Hoy por hoy, la República de Chile se encuentra frente a un proceso elemental de definición política y de afianzamiento a un pacto social, pero el dictamen de seguir con la forja de una nueva Carta Magna le asiste únicamente a la ciudadanía”.
Ciertamente el nombramiento de los procuradores fue un golpe de efecto a los matices de quienes aguardaban una vuelta de tuerca a las políticas de preestallido social. Las dos alianzas históricas obtuvieron paupérrimos resultados. La derecha logró un porcentaje pobrísimo de votos con el 20%. Indudablemente, esto la claudicaría a conseguir el tercio de los convencionales y de una permisible influencia de veto.
En cambio, la coalición de centroizquierda entrevió a sus fuerzas de centro más comedidas, desmoronarse. Tal vez, la muestra más patente de este malestar residió en la Democracia Cristiana, que simplemente cosechó que se designara a un componente de sus filas para la Convención Constitucional. Pero, el indicativo más sobresaliente de estas elecciones estribó en el incuestionable éxito de los independientes que confluían de las movilizaciones de 2019. El caso es que de los ciento cincuenta y cinco integrantes de la Convención Constitucional, ciento tres no poseían militancia en la política tradicional.
Es así, como se cristalizó un órgano con obvias mayorías para los sectores más progresistas y, especialmente, para los partidos políticos que surgieron desde la fulminación social preconizada con señuelos del feminismo, el indigenismo y una extendida argumentación anti élite. Por lo demás, el entusiasmo de la urbe antes del compromiso de la Convención era bastante elevado.
En otras palabras: el 52% retrataba la ‘esperanza’ como la principal efervescencia que le producía el proceso, seguida de la ‘alegría’ con el 46%. Es presumible que en los próximos años tanto las fuerzas progresistas como de izquierda, pretendan aclarar cómo es que decayó la convicción preliminar.
Inmediatamente al criterio negativo sobre los constituyentes, la lógica que más redunda entre los que respaldaron el ‘rechazo’ es la plurinacionalidad. En paralelo con este enfoque, una vez facilitado el texto constitucional, las dos proposiciones peor tanteadas, según la encuesta perteneciente al centro de estudios independiente ‘Espacio Público’, recayó en el estado plurinacional y la formación de un sistema de justicia indígena.
Queda claro, que el sector del ‘rechazo’ consiguió asentar una plataforma de apoyo en torno a identidades tradicionales que se sentían sobresaltadas por el principio de plurinacionalidad.
Posteriormente, esto se vería fortalecido por algunas operaciones y disciplinas artísticas, incluidos interpretaciones o funciones desdeñosas afines con el himno, la bandera y otros emblemas patrios. Amén, que estas posturas no se expusieron en el texto constitucional, pero se utilizaron de cargas para la campaña del ‘rechazo’. Y de cara al plebiscito de salida, no existieron mayores campanadas en el ordenamiento orgánico de las fuerzas políticas. Desde la Democracia Cristiana hacia la izquierda, la totalidad de los partidos se inclinaron por el ‘apruebo’, aunque algunos paladines protestaron contra la oposición oficial. El conjunto de partidos de la derecha se enmarcaron con el ‘rechazo’. No obstante, dentro de ambos espacios aparecía la diversidad.
Curiosamente, irrumpieron importantes discrepancias entre quienes salvaguardaban el menester de objetar para hacer perdurar la Constitución actual con algunos cambios menores, o los que apostaban por la disposición de un nuevo proceso constituyente. Conforme la campaña se desarrollaba, el ‘rechazo’ se alzaba en lo más alto.
En la tesis del ‘apruebo’, hubo más consistencia para deliberar qué sucedía después del voto con ocasión de consolidarse el nuevo texto. Pese a ello, a medida que transcurría la campaña y el ‘apruebo’ no abandonaba los últimos puestos a diferencia del ‘rechazo’, los partidos oficialistas que alentaban el ‘apruebo’ se abrieron en banda a que el nuevo texto demandaba de algunas innovaciones.
Conjuntamente, se admitió que era significativo comprometerse a estos cambios para amortiguar algunos resentimientos entre la población. Tómese como modelo la culminación de la plurinacionalidad. A su vez, esto se vería vigorizado por varias pesquisas que revelaban que no solo el ‘apruebo’ no conseguía reducir el alejamiento con el ‘rechazo’, sino que la amplia mayoría de los que estaban por la labor de preferir el ‘apruebo’, estimaba imprescindible realizarle correcciones al texto una vez ratificado éste. Una vez avanzada la campaña y con distintas cotas de satisfacción, los partidos rubricaron un acuerdo para dar luz verde a los entornos posplebiscitos.
En definitiva, un plebiscito que disponía de dos disyuntivas acabó por computar cuatro: ‘aprobar’, ‘aprobar para reformar’, ‘rechazar’ y ‘rechazar para renovar’. Así, en una de las últimas encuestas antes del plebiscito verificada por la empresa chilena de investigación de mercados y opinión pública ‘Cadem’, decía que el 17% de los cuestionados prefería ‘rechazar’ a secas; el 35% de ‘rechazar para renovar’; el 32% de ‘aprobar para reformar’ y, por último, sólo el 12% de ‘aprobar’ y consagrarse al nuevo texto tal como resultó de la Convención. Además, este ‘rechazo’ era diferente al del plebiscito de entrada, porque no ya solo era sustantivamente superior, sino que se había inoculado en parcelas de la sociedad más amplios que las tres comunas.
En atención a los datos recogidos en las encuestas, el ‘rechazo’ dominaba en todos los márgenes socioeconómicos. Y por si fuese poco, en comunas populares de la región metropolitana, donde en teoría el ‘apruebo’ debía arrasar, escasamente obtendría algunos triunfos con pequeñas diferencias.
Donde sí que se confirma alguna diferenciación es en el contorno ideológico de los ciudadanos, con el ‘apruebo’ venciendo cómodamente entre quienes se asemejan con la izquierda. Toda vez, que el ‘rechazo’ es abrumador entre quienes se reconocen de la derecha, el centro y no se identifican con el eje izquierda-derecha.
Asimismo, se constata un apreciable contraste en los trazos etarios, con el ‘apruebo’ arrollador entre la juventud de 18 y 30 años, y el ‘rechazo’ poniéndose por las nubes en las demás edades. Podría indicarse que en oposición del plebiscito de entrada, la campaña del ‘rechazo’ arrancó una alianza social y política más heterogénea que el ‘apruebo’. Sin inmiscuir, que el voto imperativo y el interés en el plebiscito precipitó el caldo de cultivo perfecto para que se añadiera al electorado una cantidad de votantes nunca antes observado. Con una participación próxima al 85% del padrón que concierne a 13 millones de individuos, los 7,8 millones de votos que atrapó el ‘rechazo’ aventajaban en votos a los del plebiscito de entrada.
Las primeras comparaciones dan la sensación de insinuar que esta máxima participación se originó por la incorporación de votantes de los sectores populares, naturalmente, menos politizados y que posiblemente no se asemejan con el eje izquierda-derecha. Con lo cual, se suscitan dos justificaciones bien definidas que no son entre sí recíprocamente excluyentes, pero al menos esclarecen el desplome del apoyo al ‘apruebo’ y la puja por el ‘rechazo’: la primera, pone el acento en el votante mediano que vaticina una grieta fragosa con el ethos del estallido; y la segunda, en la analogía reactiva que se cimentó contra la oferta constitucional y que presume dar la razón que la estampido asumía un mecanismo visiblemente anti élite, pero no imperiosamente de izquierda.
En el primero de los motivos, el sufragio del plebiscito y de los convencionales estuvo punteado por un rastro de discordia entre el pueblo y un grupo minoritario de personas que ocupaban un estatus superior al resto. Esta alineación de la fuerza tildó en buena medida las discriminaciones habidas entre la izquierda y la derecha y los diversos intereses y atisbos que residen en la ciudadanía.
Sin embargo, según este razonamiento, el intervalo de disensión entre ‘arriba’ y ‘abajo’ se ha consumado y, en su lugar, han reaparecido los forcejeos entre la izquierda y la derecha. Resulta por ello llamativo valorar que el ‘rechazo’ se coligaba a la lucha del narcotráfico y al crecimiento económico, mientras que el ‘apruebo’ estaba relacionado con la redistribución de la riqueza por medio de los derechos sociales. Aspectos estos últimos coligados a la derecha e izquierda. Lo que entraña esta perspectiva es que la Constitución vigente se halla en la derecha misma del votante medio, mientas que la invitación constitucional malograda prosperaría a la izquierda.
Este escenario dilucidaría la fortaleza de las sujeciones de ‘rechazar para renovar’ y ‘aprobar para reformar’, a la vez que garantizaría que el plebiscito se conquistó en el centro del espectro político. De este modo, el principal déficit de la praxis constituyente habría sido la ausencia de negociaciones en algunas materias cruciales como el sistema político con la derecha de la Convención.
En la misma línea con este punto de vista, el 77% de los consultados manifestó que prefería que los convencionales convinieran pactos, aunque ello comportase ceder en algunos ejes, mientras que el 61% interpretaba que los convencionales no habían desistido en sus posiciones.
Al mismo tiempo, los forcejeos electorales se procuran en varios focos paralelos. Me explico: es admisible que un mismo votante conserve inclinaciones tendentes más a la izquierda en un polo, como son los derechos sociales, y en otro, más a la derecha, como es la plurinacionalidad.
Con este tacto en lo desenmascarado, lo que muestran los apoyos en los puntos intermedios es que en algunos asuntos los individuos están ‘a la izquierda’, y en otros, ‘a la derecha’ de cada texto. Pero, sumando y restando entre ambos, el pasaje constitucional presentado estaría distante de las preferencias mayoritarias. Más aún, uno de los entorpecimientos que rotuló la campaña del ‘apruebo’, incurrió en la torpeza de plasmar firmes argumentos.
A diferencia de otras causas constituyentes, como la que incurrió en el Estado Plurinacional de Bolivia, contrastada por la desmembración de posiciones y reivindicaciones con convencionales electos para preservar una demanda específica.
Indiscutiblemente, el irrisorio protagonismo de fuerzas políticas y la plaga de convencionales independientes derivados de colectivos locales, agravaron esta segmentación. Esto pudo verse extendido en las franjas horarias televisivas de la campaña, en las que el ‘rechazo’ consiguió aunar un recado calculado en la concepción de que era factible proseguir con el proceso constituyente, en caso de impugnarse el nuevo texto y elaborar otra Constitución que impulsara la unificación nacional y no la disociación. En tanto, el ‘apruebo’ exhibía un desentono de agrupaciones sugiriendo otros objetivos y cada uno aludiendo una encomienda distinta.
Llegados hasta aquí, la sumatoria de interpelaciones exclusivas ante los sinsabores que incomodaban a Chile, no era igualmente que un proyecto de estado. Así, es palpable que pese a que el supuesto constitucional perseguía acabar con la privatización del agua y afianzar vigorosamente el cuidado medioambiental, el ‘rechazo’ venció en comunas simbólicas de la movilización contra las regiones que sacrificaban el medio ambiente, a modo de subdivisiones administrativas menor que corresponde a una zona urbana, rural o mixta. O bien, alcanzó resultados principalmente contradictorios en las comunas con más población indígena, pese a los elementos de la Constitución que demandaban reconocerla.
El segundo de los precedentes entrevé que se ha conservado el ethos de discordia entre ‘arriba’ y ‘abajo’, pero que esta posición anti élite se topó a lo largo y ancho del proceso con su expresión de derecha.
“Lo que apenas hace un año se hilvanaba como un mero proceder para legitimar la carrera constituyente, ha acabado convirtiéndose en un duro traspiés para las fuerzas progresistas chilenas”.
Es decir, las vicisitudes que acontecieron en el plazo de dos años le concedieron a la derecha lidiar la rebeldía e indignación, que hasta ese instante había sido pugnada por la izquierda. O lo que lo mismo, en lugar de un contrafuerte del centro moderado emplazado en el medio entre las izquierdas y las derechas, lo que se originó fue un afianzamiento y politización de afinidades sociales tradicionalistas.
Desde este prisma, lo que trasluce la resistencia de las posiciones no polares, o séase, ‘aprobar para reformar’ y ‘rechazar para reformar’, es que no son pocos los ciudadanos que esconden identidades sociales complejas que no se retratan en la disputa política.
Como expone al pie de la letra la profesora de Ciencias Políticas del SNF Agora Institute, Lilliana Mason, “cuando los adherentes de una posición política están transparentemente caracterizados por la homogeneidad social, hay una tendencia a la polarización afectiva”. Inversamente, la efectividad de identidades complejas aviva la despolarización, siendo accesible que para las personas sus identidades partidistas, bien de clase o religión, etnia, edad o lugar de residencia, hayan girado en sentidos antagónicos para este plebiscito.
Comprensiblemente, este contexto apremia a las posiciones intermedias del debate.
Este panorama desviste que el principal déficit de la carrera constituyente de Chile estuvo en la imposibilidad de concentrar estas identidades tradicionales al paso alegórico de incubación de la nueva Carta Magna. Característicamente, faltó localizar una forma de diseñar la plurinacionalidad en el molde de un sentido patriótico depositario. Esto en verdad, es marcado en algunas de las versiones más desmedidas de algunos convencionales con alocuciones desdeñosas hacia las personas que ostentan identidades nacionales tradicionales.
Existen incluso reglas de juego constitucionalistas establecidas que se podrían haber escrito para hacer más tajante la igualdad en la realidad de la diversidad. Como por ejemplo, haciendo más intencionados los márgenes del sistema de justicia y de las autonomías indígenas. Y es que, la distancia entre el ‘rechazo’ y el ‘apruebo’ se intensificó potentemente en sectores rurales, que a su vez, tendieron a aglutinar la estampa de costumbres e identidades tradicionales. Así, la táctica del ‘rechazo’ justificó su eficacia al circunscribir el ofrecimiento constitucional como un desafío al patriotismo, mientas que la maniobra del ‘apruebo’ recrudeció los recelos producidos por la indeterminación del texto en la materia.
Tocando fugazmente el matiz histórico, es sugerente que el progresismo chileno haya acabado dándole la espalda a los símbolos patrios, fundamentando su larga data de compromiso con la identidad chilena. Ya en 1939, el Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda (1879-1941) y Marmaduke Grove Vallejo (1878-1954) se planteaba asentar su alineación en el “conocimiento pleno de la chilenidad para servir los intereses del pueblo”. Más adelante, la administración de Salvador Allende Gossens (1908-1973) condujo la travesía chilena al socialismo, en una tentativa de progresar en los cambios sociales por el sendero democrático.
Cuando reapareció la democracia en Chile, uno de los retos de la centroizquierda se centró en salvaguardar los distintivos nacionales que habían quedado arrinconados por el despotismo de Augusto Pinochet Ugarte (1915-2006). Dentro de los trabajos más inmediatos, estuvo en el restablecimiento del himno nacional que los militares mutilaron por un decreto y en línea con su plan nacionalista. Tras los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, no iba a ser sencillo enmendar los lazos entre el progresismo y las identidades patrióticas, pero comprometerse con el Estado involucraba hacer de Chile un grito unánime. En el alegato de reinauguración de la democracia, el expresidente Patricio Aylwin Azócar (1918-2016) contrajo el deber de la reconciliación nacional con lealtad a los valores adquiridos por los Padres de la Patria.
Por ende, Aylwin, puso su voz en rescatar el rasgo de Chile declarado como una “tendencia a no extremar los conflictos, sino procurar resolverlos mediante soluciones consensuales”.
Pero, ¿en qué circunstancia las órbitas del progresismo y la identidad nacional se eclipsaron paulatinamente? Al reconquistar los chilenos la democracia no compusieron una nueva Constitución, lo que allanó el camino a Pinochet para que éste se perpetuarse en el poder como Senador y Comandante en Jefe de las Fuerzas armadas.
El abuso desorbitado de las violaciones de los derechos humanos malograrían las ansias de reconciliación y reparación de los símbolos patrios en un sentido más acentuado. Si bien, el tema cardinal fue que el mandato de la Constitución sancionada en 1980, produjo encasillamientos no zanjados. Y mientras una parte considerable de la población quedaba indiferente a los principios fundacionales de la República, otra insistía en postular las viejas tradiciones.
Finalmente, el procedimiento constituyente era una ocasión única de llevar a buen puerto aquello que Aylwin propuso en sus palabras: la aproximación del pueblo a sus símbolos por medio de la aceptación de los valores democráticos venidos de la Constitución.
En consecuencia, la evolución constitucional chilena ha favorecido la contribución de personas históricamente excluidas y digamos que discriminadas, buscando establecer espacios plenos de participación ciudadana, incluyendo los pueblos originarios, sujetos privados de libertad, migrantes, etc.
Hoy por hoy, la República de Chile se encuentra frente a un proceso elemental de definición política y de afianzamiento a un pacto social. De ahí, que revista tanta importancia que las normas de la nueva Constitución deriven de una iniciativa perfilada por un cuerpo complejo y altamente representativo, pero el dictamen de seguir con la forja de una nueva Carta Magna le asiste únicamente a la ciudadanía.Colaboración firmada por Alfonso José Jiménez Maroto para El Faro de Ceuta en la que hace referencia a la diplomacia en Oriente Medio.
